Hay consenso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar válida la elección y a Felipe Calderón como presidente electo de México.

Hoy se espera una votación por unanimidad de los siete integrantes de la Sala Superior del órgano calificador, según datos recabados por EL UNIVERSAL.

Los magistrados no encontraron irregularidades determinantes que pusieran en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios del pasado 2 de julio.

En su dictamen de alrededor de 300 páginas, aun cuando no consideran graves ni sustanciales para el resultado algunas conductas, hacen llamados de atención o reconvención al presidente Vicente Fox Quesada y al Consejo Coordinador Empresarial por su actuación durante la competencia política.

Para los magistrados, después de revisar de manera integral el proceso electoral, lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones, prevalecieron los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Sin embargo, en el dictamen elaborado por Alfonsina Berta Navarro y Mauro Miguel Reyes Zapata, que hace la suma total de los votos y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo, tiene una serie de observaciones sobre el desempeño de distintos personajes y organizaciones civiles.

Los magistrados reprueban la guerra de spots que se desató entre el PAN y la coalición Por el Bien de Todos, con contenidos difamatorios, que incluso llevaron al Tribunal a establecer un procedimiento especial para ordenar su retiro de televisión.

También examinan la actuación del IFE. En el documento, que hoy votará la Sala Superior del Tribunal hay observaciones sobre el desempeño del consejero presidente Luis Carlos Ugalde por su pronunciamiento relacionado con los resultados de los comicios y la acción tardía del instituto ante la intervención del ex presidente español José María Aznar en un evento panista.

Durante semanas, desde el 15 de julio, los magistrados Leonel Castillo, Alfonsina Berta Navarro, Mauro Miguel Reyes Zapata, Jesús Orozco, Fernando Ojesto, Eloy Fuentes y Alejandro Luna Ramos han revisado y evaluado las impugnaciones de la coalición Por el Bien de Todos.

El 5 de agosto determinaron un recuento de votos de 11 mil 839 casillas y el 28 de agosto resolvieron 375 recursos de inconformidad en los que se reveló que el ajuste en las cifras, al volver a contar los sufragios, no varió las posiciones entre los candidatos que ocupan el primero (Felipe Calderón) y segundo lugar (Andrés Manuel López Obrador).

La observación hacia la Presidencia de la República tiene que ver con su campaña publicitaria relativa a los programas sociales, porque no se ajustó a lo establecido en los artículos 55 del Decreto de Presupuestos y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, que prohíben una difusión con fines políticos o distintos a los autorizados. Hubo necesidad de que interviniera la Corte para suspender la emisión de esos anuncios.

En el caso del Consejo Coordinador Empresarial, lo que se reprende es que en su promoción del voto haya exhibido una tendencia a favor de la continuidad del gobierno panista, transgrediendo la prohibición legal de que terceras personas contraten publicidad en favor o en contra de algún partido político.

Los magistrados evaluaron una a una las imputaciones de la coalición para valorar si alguna equivalía a una violación sustancial que pudiera ser determinante para el resultado y en consecuencia decretar la nulidad.

Ninguno de los principios rectores del proceso electoral se vulneró de manera importante y generalizada, destaca el dictamen.

La resolución del Tribunal, de acuerdo con lo que señala la Constitución, será definitiva e inatacable. Con la sesión de este martes quedará concluido el proceso electoral.