En un plazo de cinco días y a partir del 9 de agosto, el Poder Judicial de la Federación hará el recuento parcial de votos de la elección presidencial.

Volverá a contar los votos de 11 mil 839 casillas (9.07%) de 130 mil 477 que se instalaron en los comicios del pasado 2 de julio. Las casillas están ubicadas en 149 distritos de 26 entidades de nuestro país.

Quedaron fuera de este recuento los estados de Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Baja California Sur, Nayarit e Hidalgo.

Alrededor de 3 millones 800 mil votos de una votación total de 41 millones 791 mil 322 sufragios se estarían volviendo a contar.

El recuento será coordinado por magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito, en las instalaciones de los diferentes consejos distritales. Los representantes de los partidos y coaliciones podrán asistir a ese recuento.

Ayer, en la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió, como lo anticipó EL UNIVERSAL, que únicamente se hará un recuento de votos parcial y no total como quería la coalición Por el Bien de Todos.

Los siete magistrados negaron por unanimidad el recuento total y aprobaron un nuevo conteo en 11 mil 839 casillas, por imprecisiones observadas en las sumas.

Jalisco y Baja California, estados gobernados por el PAN, es donde habrá más recuento de casillas: 2 mil 705 en el primer caso y mil 138 en el segundo. Después seguirían Tamaulipas (942), Sonora (802), Chihuahua (727), Nuevo León (508) y San Luis Potosí (495).

En el Distrito Federal y Zacatecas, que son entidades gobernadas por el PRD, se recontarían 227 y 221 casillas, respectivamente.

Para los magistrados del Tribunal, según el resolutivo aprobado, ninguno de los argumentos de la coalición fue suficiente para ordenar el recuento en todos los distritos (300).

En su texto evidenciaron las deficiencias en cada una de las impugnaciones. Por ejemplo, la coalición quería el recuento total cuando sólo impugnó 230 de un total de 300 distritos y nada más 40 mil 880 casillas de un total de 130 mil 477.

La coalición tampoco pudo demostrar la influencia que tuvo la presunta intervención de funcionarios de gobierno en el proceso de cómputo y escrutinio ni la supuesta parcialidad de las autoridades del IFE.

Leonel Castillo González, presidente del Tribunal, defendió la autoridad moral de los ciudadanos para contar los votos. Hizo un relato pormenorizado de su participación, desde que son seleccionados, al azar, para actuar como funcionarios de casilla hasta el día de la elección, cuando les toca contar los sufragios.

En su opinión, no hay duda en la certeza, el método establecido para el cómputo y las reglas fijadas por el Legislativo, a las que se tienen que sujetar los participantes en la contienda.

Su compañero Mauro Miguel Reyes Zapata planteó que tendrían que estar de acuerdo los integrantes de la mesa directiva de casilla, los representantes de todos los partidos y las autoridades de los consejos distritales para que hubiera trampa.

Consideró que esto no sería viable ante las medidas de seguridad que existen para el conteo.

El propio Mauro Miguel Reyes Zapata precisó que esta es sólo "una etapa numérica".

Quedaría pendiente la revisión y desahogo de los 364 juicios de inconformidad (231 de la coalición y 133 del PAN).

Después se pasaría al cómputo final de la elección presidencial y a las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo, para lo que tienen como fecha límite el 6 de septiembre.