La elección federal del 2 de julio enfrenta un ?problema grave? por la compra y coacción del voto que los partidos políticos llevan a cabo, alertó el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral que, además, aseguró que la iglesia católica realiza acciones de promoción de voto, por lo que demandó al Instituto Federal Electoral intervenir para impedir este tipo de prácticas.

En rueda de prensa, Sergio Aguayo, Clara Jusidman, Rodolfo Tuirán, entre otros, alertaron que en los estados donde hay mayor incidencia de compra y coacción del voto son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, México, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí.

Sergio Aguayo dijo que la organización Alianza Cívica hizo una serie de entrevistas y detectó que uno de cada 10 entrevistados cree que los programas sociales se utilizan para favorecer a los simpatizantes de un determinado candidato o partido político.

Uno de cada 20 entrevistados declara haber recibido acciones de compra de su voto, y uno de cada 15 asegura haber sido amenazado con quitarle el programa si no vota por un partido.

En las zonas de Oaxaca y Chiapas, expuso, afectadas por el huracán Stan ?en octubre de 2005? hasta ahora se les están entregando los recursos de apoyo destinados a los afectados.

?Hay testimonios de que estos recursos están siendo utilizados con fines electorales por los tres principales partidos políticos?, dijo.

El programa de Seguro Popular registra el mayor número de denuncias de intentos de compra o coacción de votos, seguido por Procampo, Empleo Temporal y los programas sociales estatales.

En varias entidades ?se detectaron operativos para que el día de las elecciones los beneficiarios de los programas se reúnan a desayunar antes o después de emitir su voto; sepan que estarán siendo vigilados mientras emitan su voto, y se les dice que pasarán a recogerlos a sus casas para llevarlos a votar?.

Este Comité Conciudadano alertó que la más grande organización de observación electoral es Ciudadanos por un país mejor, ligada a Víctor González Torres que acreditó a 5 mil 828 ciudadanos en todo el país y de la que se tienen indicios de que los observadores acreditados tienen una relación laboral con las empresas del también denominado doctor Simi y recibirán un pago por su labor de observadores.

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