La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo confirmó la existencia de un dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el que la dependencia señaló al presidente Vicente Fox 55 observaciones a la llamada ley de medios.

El pasado 4 de abril la SCT advirtió una serie de inconsistencias, lagunas legales y actos discrecionales, y contradicciones en las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, aprobadas por el Senado a finales de marzo.

Desde principios de año académicos, expertos y concesionarios criticaron el proyecto de modificación por considerar que favorecía sólo a los grandes monopolios.

Según el senador Javier Corral, las observaciones las realizó la Secretaría para que el Ejecutivo analizara la posibilidad de un veto presidencial, pero no se tomaron en cuenta.

De acuerdo con el oficio 3.2353/2006, firmado por el consejero adjunto de Presidencia, Francisco Cuevas Godínez, el texto fue integrado al expediente de la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A principios de junio el senador Corral reveló a EL UNIVERSAL que el presidente Fox fue advertido por la SCT de que las reformas podrían ser impugnadas.

Posteriormente Corral intentó sin éxito, mediante la Ley de Acceso a la Información, que la Presidencia diera a conocer el documento.

El 14 de junio la Suprema Corte ordenó al gobierno federal entregarle copia del dictamen técnico de la Se- cretaría de Comunicaciones.

En el dictamen, del cual este diario tiene una copia, se asienta que las reformas generan lagunas en materia de refrendo de permisos y se obsequia un derecho inexistente hasta hoy a los concesionarios.

Además, la dependencia reconoció que el otorgamiento de una concesión "sigue siendo discrecional y sujeto a presiones".

Expone que al fijar criterios eminentemente económicos para la selección del concesionario se propicia que "sólo algunos grupos económicamente fuertes puedan acceder a estas frecuencias".

Destaca también que quien pretenda ser concesionario deberá licitar y pagar por ello, mientras que los concesionarios existentes podrán seguir explotando las frecuencias sin pago adicional.