Mi nombre es Mario Alberto Aguirre Tomic, soy estudiante de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), desde el año 2002. Mi forma migratoria es de estudiante (FM3).

El día jueves 4 de Mayo en la madrugada llegué al pueblo de San Salvador Atenco, en el estado de México, como estudiante de la ENAH en práctica de campo, por medio de la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objeto de realizar una entrevistas sobre los sucesos ocurridos el día anterior en torno a la muerte del joven de 14 años, Javier Cortés Santiago.

Sin embargo, a las 6:00 a.m. del día jueves 4 de Mayo comienza el operativo policial para la toma de San Salvador Atenco. La violencia de los hechos comienza a tomar proporciones incontrolables: el gas lacrimógeno lacera los ojos y las vías respiratorias, por lo que decido pedir refugio, con otras doce personas entre los cuales se encuentran dos compañeros más de la ENAH, en una casa particular. Una vez allí, preferimos permanecer ocultos hasta que se calmen los sucesos. Aproximadamente a las 7:30 terminan las detonaciones. Los vuelos de los helicópteros comienzan a ser cada vez más constantes y bajos.

Para las 8:30 de la mañana comienzan los cateos a casas particulares. En estas acciones es cuando soy detenido junto a las otras doce personas entre las cuales figuran los estudiantes de la ENAH (Arturo Manuel González y Renato Balderas).

Se nos hace pararnos contra la pared con las piernas abiertas y las manos apoyadas en la misma. Proceden a registrarnos y quitar todas nuestras posesiones, en mi caso material de trabajo (libreta y pluma). Un oficial pasa con una cámara de video y nos interroga sobre nuestros nombres y actividades.

Después se nos conduce a la calle y se nos obliga a sentarnos en la acera con las manos en la espalda para atarlas con una liga plástica. Comienzan los golpes e insultos por parte de la policía para después conducirnos al interior de un microbús donde nos esperaba una fila de oficiales para seguir con la golpiza.

Se nos apila uno encima de otro para ahorrar espacio y poder introducir a más detenidos en el vehículo. Las condiciones son estrictas en lo que atañe a mantener las cabezas bajas y sin intentar siquiera levantar la vista.

En esas condiciones continúan los golpes y es cuando soy testigo visual de una de las vejaciones a que es sometida una mujer que está sentada a un lado. Ella se encuentra con el torso desnudo mientras los oficiales la insultan y la golpean en los senos. Otra mujer que esta sobre mí, en la pila de cuerpos de la que somos parte, es brutalmente golpeada y su cabeza es azotada repetidas veces contra mi espalda.

Los golpes que recibo son de puntapiés, manotazos, pisotones y golpes con el tolete. Después de esto se nos hace pararnos para ocupar el espacio que queda entre los asientos donde se nos obliga a hincarnos manteniendo la cabeza sobre el asiento para no poder ver nada.

Comienza el viaje en el microbús que dura aproximadamente 2 o 3 horas. En este tiempo somos testigos de otra vejación en contra de una de las mujeres españolas, quien grita que por favor la dejen en paz porque la están asfixiando.

Después de los primeros minutos comienzan a entumecerse las piernas por lo que el movimiento se hace necesario. Pero a cada intento los policías propinan duros golpes de tolete. El tiempo que transcurre es excesivamente largo como para justificar el traslado al penal más cercano, la tortura comienza a ser psicológica: si acaso nos trasladarían a un lugar despoblado para ser asesinados y desaparecidos.

Después de las dos o tres horas por fin llegamos al final del recorrido con las piernas totalmente entumecidas. Los oficiales piden capuchas y somos llevados con las cabezas abajo hacia los mostradores de lo que después descubrimos era el reclusorio ?Santiaguito?.

Serán aproximadamente las 11 o 12 de la mañana. Frente al mostrador se nos preguntan nuestros nombres, mientras solapadamente se nos golpea hasta que un oficial, al parecer del penal, ordena que no nos golpeen. Seguimos avanzando por pasillos y continúan preguntando nuestros nombres hasta que nos introducen uno por uno a un cuarto donde me quitan el cinturón.

Momentos después estoy dentro del penal, en el comedor, donde se nos sienta en las mesas. No podemos hablar. Posteriormente se nos llama uno por uno para tomar nuestros datos personales. Después separan a los que somos extranjeros del resto de los detenidos.

Es allí cuando encuentro a mi compatriota Valentina Palma Novoa. Hasta el momento nadie nos ha informado de qué se nos acusa. En el mismo comedor, pero separados en distintas mesas, nos hacen esperar. Se presenta el personal directivo del penal para constatar la presencia de los extranjeros. Resultamos ser cinco: dos españolas, una alemana y dos chilenos, incluyéndome.

Pedimos se informe a los consulados respectivos de nuestra situación y ubicación actual. Desde el principio las autoridades se comportan esquivas en relación a nuestra situación penal. Posteriormente se nos lleva a las instalaciones médicas para constatar lesiones.

Después de estas se nos lleva a tomar declaración de lo ocurrido y se nos proporciona un abogado de oficio el cual nos recomienda hacer la declaración y toman nota de esta última. Tras esto último se nos lleva de regreso al comedor, donde se nos proporciona comida. Ya es de noche y nos sentamos a esperar. Llega derechos humanos a levantar un acta de nuestros golpes y se registra por medio de video y fotos.

Después personal de la penitenciaria toma registro de nuestras huellas digitales y toma fotos de frente y perfil de nuestros rostros. Decimos que no estamos dispuestos a que establezcan antecedentes penales hasta que no se informe cuales son nuestros cargos. Pero insisten en que es solo un registro. Derechos humanos los interpela, pero el esfuerzo es inútil y debemos acceder.

Es hasta la 1 a.m., aproximadamente, del día viernes 5 de Mayo, cuando se nos dirige fuera del penal -donde ya se habían reunido civiles esperando la salida-, en dirección a las oficinas de migración. Nos introducen en una camioneta y comenzamos el recorrido: primero hacia las instalaciones del instituto nacional de la juventud donde nos espera una funcionaria de migración de la ciudad de Toluca. Partimos en dirección al Distrito Federal. En altas horas de la madrugada llegamos a las oficinas de migración. Aparentemente estas son las oficinas especializadas en casos de deportación. Nos registran y nos hacen pasar a la constatación médica donde nuevamente se toma nota de nuestras lesiones. Después de eso nos sentamos a esperar. Aún no se nos informa cual es la naturaleza de nuestra detención.

Ya en la mañana a la luz del día me comunican con el consulado chileno en México, donde se me informa que lo que ellos pueden hacer es verificar que el proceso se lleve en las condiciones legales que se ameritan. Después de esto comienzan otra vez los trámites de declaración.

Esta vez sin embrago las declaraciones son dirigidas en base a preguntas directas sobre nuestro conocimiento del EZLN y el sub-comandante Marcos. La insistencia estaba dirigida a asociarnos con los movimientos y dirigentes de San Salvador Atenco.

A estas alturas afuera ya se habían congregado los amigos y compañeros de la escuela fuera del recinto. No podemos comunicarnos con ellos; se nos prohíben incluso las señas a través de la ventana. En el transcurso de la declaración se acerco una abogada de Sin Fronteras, quien preguntó a que se debía nuestra presencia en esas oficinas, a lo que contestaron que lo único a lo que estaban abocados era a determinar si nuestra presencia en México era legal.

La abogada, entonces, presentó una carta de migración en la que constaba la regularización de mi condición migratoria de estudiante. Una vez terminada la declaración, la abogada tuvo que retirarse y fue cuando me trasladan al consulado de Chile, sin decirme debido a qué.

Soy escoltado en un vehiculo por cuatro policías. Una vez en el consulado jamás se me pregunta cómo estoy ni que es lo que necesito, sólo se me informa que se va a hacer entrega de un salvo conducto para que yo pueda salir del país. Regresamos entonces a las oficinas. Allí comienza un interrogatorio sobre la base de preguntas tendenciosas sobre mi supuesto conocimiento de grupos armados. Sin embargo el interrogatorio se ve interrumpido por los oficiales de migración que ya nos quieren listos en la salida posterior de las oficinas.

Las españolas ya se encuentran dentro de un vehiculo escoltadas por dos oficiales. A mi me introducen en otro vehiculo en espera de que traigan a mi compatriota. Otra vez la repetida pregunta que nadie quiere responder: ¿Adonde nos llevan ahora? Sin respuesta o excusas de ignorancia. Una vez dentro del vehiculo, yo y Valentina, mi compatriota, somos trasladados a lo que imaginamos es el aeropuerto. Los amigos y compañeros siguen pendientes nuestro traslado. El viaje es frenético. Nuestro vehículo intenta seguir el veloz paso del vehículo de las españolas. Una vez en el aeropuerto somos conducidos a unos cuartos, donde se nos mantiene retenidos y es donde se presenta policía de seguridad nacional, quienes nos toman fotos y apuntan nuestros datos personales. Después nos conducen hacia las salas de espera de los vuelos.

Son aproximadamente las 18:30, nuestro vuelo no sabemos a que hora sale. Esperamos y esperamos. A las 21:00 horas la alemana se retira a su vuelo. Nos suben al vuelo de Lan Chile del día viernes 5 de Mayo de 2006, a las 23:00 horas rumbo a nuestro país de origen, escoltados por dos funcionarias del instituto nacional de migración.

Después de ocho horas de vuelo y en territorio chileno aun queda el último paso: policía internacional. Sólo debíamos relatar una última declaración para quedar por fin libres. Y lo hicimos, el día sábado 6 de Mayo en la mañana.

Por lo anterior, estamos estudiando con nuestros abogados, orientar nuestras acciones tendientes a lograr:

1) El derecho a seguir estudiando en México por medio de todo tipo de gestiones con el gobierno chileno y mexicano;

2) gestiones a nivel diplomático con la embajada de México en Chile;

3) poner una querella criminal contra la policía por delito de lesiones; y

4) entablar una demanda contra el estado mexicano por deportación ilegal.