La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció hoy un presunto daño económico por más de 1.5 millones de pesos, en perjuicio del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (Banrural), cometido por cuatro servidores públicos que ya fueron destituidos.

En un comunicado, la dependencia destacó la destitución de Florentino Coalla Pulido, quien se desempeñaba como coordinador administrativo de la Dirección General de Banrural; así como las del gerente general regional de Puebla, Guillermo Funes; su secretario particular, José Luis Viveros, y su chofer Arnulfo Torres Valdés.

Al primero, indicó, el área de Responsabilidades de la Secodam le determinó el 30 de mayo pasado además de la destitución, inhabilitarlo del servicio público durante 10 años y pagar 2 millones 814 mil 522 pesos por el daño económico ocasionado.

El 14 de mayo determinó la destitución de Guillermo Funes y su inhabilitación del servicio público por dos años; dos días después se decidió destituir a José Luis Viveros e inhabilitarlo por un año, y el 22 del mismo mes se destituyó a Arnulfo Torres.

La Secodam recordó que en cumplimiento de su Programa Anual de Control y Auditoría, en meses pasados se inició una revisión a la Dirección General de Banrural, de la que se desprendieron las presuntas irregularidades cometidas por esos cuatro servidores públicos.

Al revisar el ejercicio de los años 1998, 1999 y 2000, relató, se detectaron gastos elevados en el rubro de compras en su área de comedor, específicamente en la compra de vinos y licores que ascendió a un millón 792 mil 802 pesos.

Los primeros resultados de las auditorías determinaron que existen al menos 68 facturas que no fueron reconocidas como expedidas por los proveedores o que no cumplen con los requisitos fiscales y que ascienden a un millón 407 mil 261 pesos.

Respecto al caso de la Dirección Regional del Banrural en Puebla destacó que también se detectaron facturas no reconocidas por sus proveedores, principalmente de hoteles de la ciudad de México, por 195 mil pesos.

Las irregularidades, anotó, fueron descubiertas luego de comprobar las facturas llenadas a máquina con las que normalmente expiden los proveedores supuestamente utilizdos por los funcionarios en cuestón.

El órgano de Control Interno de la Secodam puntualizó que la auditoría a esa institución sigue y que continúa evaluando la información obtenida, "a fin de resolver sanciones administrativas, e incluso penales, una vez confirmadas las irregularidades que arroje la averiguación".

Cabe destacar que ante la posibilidad de que las irregularidades se puedan constituir en comisión de delitos, la Dirección Jurídica del Banrural presentó desde febrero una denuncia de hechos contra quien resulte responsable, ante la Procuraduría General de la República.