El presidente Vicente Fox habría resuelto conceder mañana un indulto a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, presos en Guerrero, cuya libertad ha sido exigida por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La medida, tomada por "razones humanitarias" y tras el homicidio de Digna Ochoa, involucra a otros cuatro indígenas enfermos recluidos en diversos penales del país.
Por su parte, el procurador general de la República, Rafael Macedo, informó que la dependencia a su cargo no desistirá de la acción penal contra los ecologistas.
Indicó que la Procuraduría continúa el proceso de revisión de mil 247 casos de indígenas presos por supuestos delitos federales.
Según especialistas, el presidente Fox al conceder el indulto haría uso de las facultades que le brinda el artículo 89 constitucional.
En tanto, Pedro Estrada, coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría capitalina, informó que en el asesinato de Digna Ochoa participó más de una persona. Asimismo, senadores criticaron el actuar de la PGR en el caso de Digna Ochoa. Exigieron que pruebe el proceder de los funcionarios que decidieron retirar la seguridad a la abogada Ochoa y Plácido, quien estaba amenazada de muerte.
Al comparecer ante los legisladores, Macedo indicó que para esclarecer el caso, la PGR no escatimará esfuerzos y brindará el apoyo que requiera la Procuraduría capitalina.
Posible excarcelación de ecologistas
Por "razones humanitarias", el presidente Vicente Fox habría resuelto conceder mañana viernes un indulto a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, presos Iguala, Guerrero, y cuya libertad han demandado organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como otros grupos no gubernamentales.
Esta medida tomada en Los Pinos después del homicidio de Digna Ochoa, abogada de los ecologistas Montiel y Cabrera, también incluye a otros cuatro indígenas enfermos propuestos para obtener su libertad anticipada, con lo cual sigue la Procuraduría General de la República el proceso de revisión de mil 247 casos de indígenas presos por la supuesta comisión de algún delito federal. El procurador general de la República, Rafael Macedo, informó que la dependencia a su cargo no se desistirá de la acción penal contra los ecologistas presos en Guerrero, aunque dejó abierta la posibilidad de que el presidente Fox haga uso de su facultad de otorgar el indulto.
De acuerdo con abogados consultados sobre el tema, el presidente Fox podría conceder el indulto a Montiel y Cabrera, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción 14, que señala entre las facultades y obligaciones del presidente conceder indulto a reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el DF.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, al terminar la presentación del libro "El desafío de la justicia", del diputado José Elías Romero Apis, el procurador Macedo de la Concha declaró sobre la posibilidad de que el indulto se conceda a Montiel y Cabrera: "Hay varias alternativas que analizar, pero siempre dentro del marco de la ley". ?¿La PGR podría desistirse de la acción penal en contra de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera? ?se le preguntó al general Macedo de la Concha.
?No, no se trata de eso. Tenemos que aplicar la ley, tenemos que determinar dentro del marco del derecho y constitucional interno, si hay esas alternativas de solución a ese problema, respondió.
Romero Apis, por su parte, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda forzar al presidente Fox a aplicar el indulto. También descartó que el Congreso pudiera emitir una ley de amnistía en el caso de Montiel y Cabrera, aunque indicó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja es la que debe definir una posición sobre el tema.
En un diagnóstico elaborado por la PGR después de que la fiscalía realizó visitas a los ceresos, se determinó intervenir en 944 casos, de los cuales se gestionaron 383 beneficios de ley y de éstos 172 correspondieron al año 2000 y 211 en el 2001, mientras que para el 2002 se estima que otros 150 indígenas presos serán liberados. Para el periodo 2003-2006 se han calendarizado 217 expedientes para ser propuestos a obtener beneficios de ley. Los cuatro indígenas enfermos que serán liberados en los próximos días son: El mixteco Asunción Ríos López, sentenciado a seis años y recluido en el Cereso Central de Oaxaca. Tiene padecimientos de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, anemia e infección bronquial.
El otomí Rogelio López Hernández, sentenciado a 10 años de prisión y recluido en el Cereso de Pachuca, Hidalgo, con tuberculosis pulmonar avanzada, artritis deformante y cardiopatía.
El indígena tzotzil Domingo Hernández Pérez, sentenciado a seis años de prisión en el Cereso de Cerro Hueco, Chiapas, con cáncer gástrico avanzado.
El indígena totonaca Nicasio Cárdenas Hernández, sentenciado a 10 años de cárcel en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, con espondilosis cervical y se transporta en silla de ruedas.
La aprehensión
El 2 de mayo de 1999, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron aprehendidos por militares en la ranchería de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, bajo acusaciones de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud por la supuesta siembra de mariguana.
Sin embargo, de acuerdo con la recomendación número 8/2000 emitida por la CNDH, fueron lesionados los derechos humanos de los habitantes de la comunidad de Pizotla y de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, imputables al comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, Guerrero, general de brigada J. Pérez Toledo; el teniente coronel de Infantería José Pedro Arciniega Gómez; al capitán segundo Artemio Nazario Carballo; el sargento segundo de Infantería Calixto Rodríguez Salmerón, y el cabo de Infantería José Calderón Flabiano, pertenecientes al 40 batallón de Infantería.
El informe de la CNDH precisa que esos militares "retuvieron injustificadamente a ambas personas en el 40 batallón de infantería, por más de ocho horas antes de entregarlos a dicha representación social (PGR), conculcándoles en consecuencia el principio de legalidad y el derecho a la libertad invocados y detallados en la parte inicial del presente apartado".
Por lo anterior, dice la CNDH, se violó el principio de legalidad porque permanecieron en custodia militar por dos días y medio, ya que desde el momento de su detención y hasta la hora en que fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Arcelia, Guerrero, no existió en esa retención alguna causa justificada que impidiera cumplir con la Constitución, al limitarles su derecho de libertad. (Con información de Carlos Benavides, Jorge Medellín y Juan Arvizu)
