El Gobierno mexicano puso en marcha un nuevo operativo policial y militar para contener la violencia atribuida al narcotráfico, que este año ha dejado más de 550 muertos en todo el país y ayer golpeó a la capital y la frontera con Estados Unidos.

La oficina del presidente mexicano, Vicente Fox, señaló hoy en un comunicado que el Gobierno emprendió la operación integral México Seguro contra los jefes de las drogas, los secuestradores y otros delincuentes.

El plan busca "combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de las poblaciones que han sido víctimas de hechos violentos, resultado de las disputas entre las bandas de delincuentes", enfatizó la residencia presidencial de Los Pinos.

La ofensiva gubernamental comenzó ayer, sábado, "en varios estados de la República y continuará en otros, bajo la coordinación de las instancias locales y la intervención de autoridades civiles y militares", añadió el comunicado de la oficina de Fox.

En el operativo México Seguro participan las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa, Marina y Hacienda, así como la Procuraduría General (PGR) en coordinación con los gobiernos de los estados.

Una fuente gubernamental dijo hoy que la actuación del ministerio de Hacienda en el plan antidrogas busca atacar "decididamente" el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos de este tipo.

Las acciones antimafia "se realizarán con estricto apego a la ley, respeto a los Derechos Humanos y dentro de los ámbitos de competencia de cada institución e instancia de gobierno", explicó la oficina presidencial.

Fox, en el quinto de sus seis años de mandato, enfrenta el desafío de luchar contra los secuestradores, traficantes de drogas, armas y personas, combatir la corrupción y garantizar el proceso pacífico hacia las elecciones presidenciales de julio de 2006.

El mandatario anunció hace tres semanas la ejecución de un plan "integral y a fondo" contra el narcotráfico en el estado de Sinaloa, en el oeste del país, sede de un violento cartel de la cocaína dirigido por el fugitivo capo Joaquín El Chapo Guzmán, buscado intensamente por las autoridades de México y Estados Unidos.

El gobierno de Fox niega que la creciente ola de violencia ponga en peligro la gobernabilidad, y atribuye ese flagelo a un "reacomodo" de las bandas criminales, que libran entre sí una guerra a muerte por el control de las rutas de narcotráfico hacia EU.

Pero la oposición política y los comentaristas afirman que el Ejecutivo, las diversas agencias policiales y el aparato judicial han fracasado "rotundamente" en su propósito de contener la violencia y que el crimen se halla fuera de control en diversos pueblos y ciudades.

Según fuentes judiciales y de organismos privados, la ola de violencia ha dejado este semestre al menos 550 muertos en Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas (estos cuatro últimos fronterizos con EU), Quintana Roo, Veracruz (este) y diversas regiones del centro del país, incluido el Distrito Federal.

Dos efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que depende de la PGR, fueron asesinados ayer sábado en la Ciudad de México, en un confuso incidente atribuido por unas autoridades al crimen organizado y por otras a asaltantes callejeros.

Otro agente de la AFI resultó herido cuando los miembros de su patrulla se enfrentaron ayer a tiros contra policías municipales de Nuevo Laredo (Tamaulipas), una ciudad fronteriza con la estadounidense de Laredo (Texas) muy golpeada por la violencia vinculada al narcotráfico y el secuestro.

Al parecer, las dos corporaciones policiales se enfrentaron "por error", según fuentes de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.

Los agentes de la AFI habían llegado a Nuevo Laredo procedentes de capital mexicana para reforzar la vigilancia en esa localidad, según se informó.

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