La Juez XVII de lo Penal, Carlota Mosco Vilchis, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, dictó hoy auto de formal prisión contra Araceli Vázquez García, como presunta responsable del delito de robo calificado.

De igual manera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investiga a Vázquez García por su presunta participación en los homicidios cometidos contra varias personas de la tercera edad, ocurridos en lo que va del año en esta capital.

La decisión de la Juez se dio con base en la causa penal 86/2004 por robo a la denunciante Juana Benítez Lugo y a su esposo, también testigo de los hechos, Crescencio González Pérez, ambos adultos mayores.

En la denuncia manifestaron que el robo ocurrió el pasado 4 de marzo, aproximadamente a las 12:30 horas, cuando se presentó a su domicilio una trabajadora de Apoyo Alimentario de nombre Araceli Vázquez.

En su domicilio, ubicado en la calle de Francisco Alvarez Icaza, colonia Obrera, la actual indiciada le solicitó a los ancianos una identificación para cambiarles las tarjetas de "Si Vale" ya que según ella se encontraban vencidas.

La presunta responsable de robo portaba el uniforme de trabajadora de salud y con engaños les indicó que al cambiarles las tarjetas recibirían beneficios por 11 mil pesos cada uno, además de una cantidad adicional de 800 pesos que les depositarían en sus nuevas cuentas.

Por tal motivo, la pareja de adultos mayores permitieron el ingresar a su domicilio a Araceli Vázquez, quien les pidió copias fotostáticas de sus actas de nacimiento, con las cuales ellos no contaban.

Posteriormente, el señor González fue a la papelería a sacar copias, momento que aprovechó la hoy indiciada para sustraer cuatro mil quinientos pesos del monedero de la señora Vázquez para después salir del inmueble sin ser descubierta.

Por ello, el matrimonio González Benítez presentó la denuncia en el Ministerio Público y Agentes Judiciales mostraron una fotografía a la pareja quienes reconocieron plenamente a Araceli Vázquez como la persona que había estado en su domicilio.

Por estos hechos, la impartidora de justicia abrió un juicio ordinario, para que dentro del término de 15 días hábiles se ofrezcan las pruebas pertinentes o en su defecto interponer el recurso de apelación para inconformarse por la determinación de la primera instancia.

Como el delito en que incurrió la indiciada es considerado grave de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de la Capital, esta persona no alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo fianza.

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