Durante años la gestión de vivienda en la ciudad fue posible sólo a través de organizaciones sociales o compadrazgos y con el tiempo el objetivo de luchar por un espacio digno se pervirtió, generando jugosas ganancias para los líderes. Aún hoy 85 por ciento de los créditos se otorga a través de asociaciones y 15 por ciento de forma directa.

Después de innumerables quejas de ciudadanos que vieron burlada su confianza, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) decidió cancelar su relación crediticia con líderes de cuatro de las 150 agrupaciones con las que tiene relación, e inició un esquema que le permitirá establecer un nivel de adjudicación de al menos 50 por ciento de viviendas para ciudadanos que no formen parte de una asociación.

Los líderes involucrados son Benjamín de Anda Valencia, de la Asociación Cívica La Hormiga, con proyecto de vivienda en la calle Durango 59, colonia Santa Apolonia; Roberto Juárez Martínez, del Comité Urbano Popular Azteca, con proyecto en Lauro Aguirre 89 y 91, colonia Agricultura; Martín Meneses Aviña, Claudia Trejo Ortiz y Laura Valdez Tamayo, de la Asociación Cerrada de Maestros, con proyecto en avenida de los Maestros 127 y 129, colonia Agricultura; y Salvador Ramos Mondragón, Pilar Aloma Mejía y Lucía Pisa Ovendáin, del Frente de Lucha Urbano Popular, con proyecto en Doctor Atl 237, Santa María la Ribera.

Laura Itzel Castillo, titular de la Seduvi, aclara que aunque se vetó a dichas personas, los proyectos de vivienda continúan.

La sanción se estableció porque en el caso del primer representante se comprobó que cobraba de 200 a 4 mil pesos por trámites y otros aspectos como entrega de llaves.

Además, sustituía a quienes habían firmado su contrato de apertura de crédito sin conocimiento de ellos mismos ni del Instituto de Vivienda de la ciudad (Invi). "Luego solicitaba cantidades de hasta 50 mil pesos por persona para integrarla al proyecto o no sacarla".

En el resto de los casos se repetían estas irregularidades.

En estas situaciones, el Invi sólo pudo iniciar una investigación luego de contar con una denuncia formal de los afectados.

Sin embargo, es común que presuntos defraudados lleguen al Invi o a la Seduvi y coloquen en sus muros fotografías y datos de posibles timadores.