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La participación extranjera en el negocio de los casinos y las apuestas en México ha sido creciente. Aunque en los registros públicos de la Secretaría de Gobernación no aparece el nombre de la multinacional española Codere (propiedad de la familia Martínez Sampedro, que cotiza en la bolsa de valores de Madrid), ésta opera la cuarta parte de los establecimientos que funcionan en el país.

Desde 2011 la empresa española es dueña de 84.8% de las acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (Icela), que a su vez aparece como accionista de la Administradora Mexicana de Hipódromo, una de las 31 permisionarias legales en México autorizada para operar 65 centros de apuestas remotas en el territorio nacional, de los que 51 operan en 20 estados del país como Sports Books y Yak, Jakpot y Royal Yak; además, tiene a su cargo el Hipódromo de las Américas de la ciudad de México.

Aunque desde 1998 Codere entró al mercado de los casinos en México, ya que suscribió acuerdos desde ese año con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) a la que pertenece Icela. También se asoció con el Grupo Caliente (del empresario y político priísta Jorge Hank Rhon), para operar casinos; y desde 2010 tiene 67.3% del capital en cinco permisionarias que operan 44 salas de juego, mientras Caliente mantiene 32.7%.

Codere asegura que “es el operador con mayor presencia en locales de juego de México, participa en 94 salas que en conjunto representan cerca de 19 mil 571 terminales de juego” en las principales ciudades del país, lo que equivale a 26.9% de los 349 establecimientos que funcionan en el territorio. Un negocio que en 2011 le reportó ingresos por 291.5 millones de euros.

Y es que en 2004 también Codere adquirió la empresa Promojuegos de México, que al año siguiente obtuvo el permiso de la Segob con número DGAJS/SCEVF/P-04/2005, como permisionaria que podrá operar 10 centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, con una vigencia hasta 2030, de las que funcionan nueve bajo la razón social Bingo 777. Es una de las empresas beneficiadas con las autorizaciones que dio el entonces secretario de gobernación Santiago Creel una semana antes de dejar el cargo.

La Segob tiene registrada esta permisionaria con accionistas como Femalamex, Grupo Inverjuego, Mío Games, y complejo turístico Huatulco, que en diciembre de 2008 también fueron compradas y fusionadas por la multinacional española.

También está la permisionaria Compañía Operadora Megasport, de los hermanos Adrián y José Luis Espinosa Delgado, que extraoficialmente tiene capital de empresarios de Venezuela, y que con su operadora Shalom Vehatzlaja Raba, controlan 30 salas de apuestas remotas en 14 estados, y que asegura “está dedica al manejo de 50 empresas del giro del entretenimiento”, cuyo presidente es José Antonio Haua Maauad, un joven empresario de Hidalgo.

Sus casinos, algunos con la razón social Winpot, han tenido problemas, ya que en 2011 algunos fueron clausurados temporalmente, como en Quintana Roo o en Sinaloa, por anomalías en sus medidas de seguridad que violaban normativas de protección civil.

Permisos cuestionados

Otros permisos concedidos por la Segob en 2005, durante los últimos días de la gestión del panista Creel, beneficiaron a grandes grupos empresariales. Es el caso de Apuestas Internacionales de Grupo Televisa, que en 14 estados tiene 21 Play City, de los 55 centros de apuestas y salas de sorteos de números que se le autorizaron, con lo que irrumpió en el lucrativo negocio.

En esa misma “tanda” de autorizaciones de 2005, Eventos Festivos de México se convirtió en permisionaria, con 20 centros de apuestas, de los que sólo opera el casino Luxor, en Monclova, Coahuila. La accionista era Gea Holdings, una compañía representada por José Luis Alberdi González, el director general corporativo de Grupo Empresarial Ángeles; actualmente aparece como accionista Olegario Vázquez Aldir.

El 28 de noviembre de 2005 también se le dio un permiso a la Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, de Marco Antonio Ayala Anzaldua y Antonio Ochoa Garza, para 60 centros, captación de apuestas vía internet y juegos de dados, de los que funcionan 18 en ocho entidades.

La Segob sostuvo en un litigio que el permiso era falso, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, resolvió en 2011 que era válido, ya que Manuel Ignacio Fierro, ex titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, afirmó que sí se concedió el permiso, un funcionario que fue inhabilitado en 2007 por conceder “criterios de excepción”, también lo investigó la Procuraduría General de la República (PGR).

Un permiso para todos

En algunos casos establecer quién detenta el permiso o quiénes son los accionistas es complejo, la propia Segob tiene información desactualizada; además los empresarios llegan a arreglos en los que un mismo permiso beneficia a terceras compañías, distintas a las que aparecen en los registros como operadores, cuando la Ley de Juegos y Sorteos indica que cada movimiento debe ser validado por la autoridad.

El más claro ejemplo es el de la permisionaria Atracciones y Emociones Vallarta, que salió a la luz tras el atentado del Casino Royale en septiembre de 2011, en Monterrey, Nuevo León. Hasta la fecha, en los registros públicos de la Segob aparece como el titular del permiso Rodrigo Aguirre Vizzuett —hijo del ex regente capitalino Ramón Aguirre—, pero tras el incidente, éste se deslindó pues sólo era asesor.

Aparecen aún como integrantes del consejo de administración los hermanos Rodrigo y Ramón Madero Dávila (familiares de Gustavo Madero, líder del PAN), por medio de la empresa Cymsa Corporation; pero Ramón aclaró desde 2008 que no participaba del negocio y tuvo que acreditarlo para convertirse en accionista de la aerolínea Aviacsa.

La Segob ignoraba que el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta supuestamente es de los hermanos neoloneses Armando y Raúl Saide, pero el Casino Royale era operado por el empresario Jorge Alberto Rocha Cantú.

Aún más, la permisionaria que tenía autorización para tener cinco centros de apuestas, gracias a un cuestionado fallo judicial de 2008, obtuvo 41 centros de apuestas, de los que opera 37 en 14 estados (aunque la Segob reporta en otro documento 26 en funciones).

Hay casos como el de la permisionaria Cesta Punta Deportes del empresario José María Guardia López, quien desde 1989 opera el Galgódromo de Ciudad Juárez, tiene permiso para operar nueve centros, pero a la fecha ninguno está en funciones; sin embargo, se le renovó el permiso en 2011 y en febrero de 2012 se avaló como su operadora la compañía Armazd Gaming Corporation, de la que no se encontró registró.

Existen conflictos latentes ya que los accionistas de los 18 Big Bola Casino que operan en nueve entidades de la república mexicana, mediante el permiso expedido a Comercial de Juegos de la Frontera, están en litigio y está en juego un permiso con una vigencia ilimitada; aparece como administrador único Óscar Rodríguez Borgio, un empresario con negocios en Florida y sobrino del ex banquero Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino.