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El Senado gestionará apoyos de ley y voluntarios para las familias de periodistas que hayan perdido la vida o resulten lesionados en ataques a la libertad de expresión que han ido en aumento en México, en paralelo al fenómeno de la violencia criminal.

Actualmente, los deudos de periodistas que mueren a manos del crimen o de persecución por parte de grupos de interés político quedan en indefensión, dado que en la mayoría de los casos el informador que ha sido víctima era el proveedor económico de su familia.

A la par, la Cámara Alta emprenderá la revisión de los casos de informadores que están presos, sólo por acusaciones de miembros de la delincuencia organizada.

La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República tiene un plan de acción que incluye el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento de homicidios de representantes de medios de comunicación.

Promoverán el respeto

De acuerdo con el presidente de la comisión, Marco Antonio Blásquez, la meta esencial de este órgano es promover el respeto que el periodismo requiere en un país de instituciones.

En ese sentido, un capítulo relevante para los senadores que comparten la responsabilidad de la comisión es exigir y coadyuvar en el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas y en la localización de los desaparecidos.

De igual forma, los senadores vigilarán que en efecto sea eficaz el mecanismo que ha quedado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Un estudio de la comisión especial que preside el senador Blásquez Salinas destaca que desde 2000 y hasta 2012 fueron asesinados 96 periodistas, en tanto que la variante de desaparición, que inició en julio de 2003, ha golpeado a 16 informadores.

Blásquez destacó la decisión de los órganos dé gobierno del Senado, de los integrantes de la comisión que encabeza, a fin de que no crezca, dijo, la lista de periodistas asesinados y desaparecidos.

Recordó que las agresiones a periodistas deben ser asumidas por las autoridades como corresponde a obligaciones en materia de derechos humanos, de acuerdo con la Constitución mexicana.

Por lo que toca al Senado, tiene la obligación de responder al precepto constitucional que señala en su artículo 1 que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Los periodistas son ahora más vulnerables a las agresiones de grupos de poder, tanto criminal como político, dijo Blásquez, y puso el contraste del saldo de agravios de 2000 con el de 2012.

“En el año 2000 en México se registró el asesinato de tres periodistas y el secuestro de uno. Y en 2012 el saldo fue de 10 asesinados, dos desaparecidos, 27 agredidos, al igual que 11 medios de comunicación atacados”.