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A unas horas de que termine el sexenio, el presidente Felipe Calderón remitió ayer las respuestas a las preguntas parlamentarias a la Cámara de Diputados, como parte de la glosa de su sexto informe de gobierno, en que destaca que en la presente administración se registraron 37 agresiones a puestos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en todo el país, en que perdieron la vida 73 agresores y fallecieron cinco personas ajenas a hechos delictivos.

Además, informó que hay cuatro averiguaciones previas por delito de homicidio con motivo de hechos suscitados en puestos militares de seguridad con 30 soldados involucrados.

Detalló que la Procuraduría General de la República (PGR) ha extraditado en la presente administración, hasta el 24 de octubre, a 224 personas por delitos relacionados con narcotráfico, de las cuales 215 han sido a Estados Unidos y nueve a otros países, entre ellas a Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.

Sobre los homicidios dolosos, informó que en el ámbito local hay 84 mil denuncias, y bajo responsabilidad del Ministerio Público federal fueron 240, al 30 de agosto.

En sus respuestas a 72 preguntas parlamentarias realizadas por las siete bancadas, el Ejecutivo contestó que al 13 de noviembre se han presentado 7 mil 350 quejas ante la CNDH contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, que han generado 109 recomendaciones, 1.48% de la totalidad de las quejas, que permiten presumir la violación a los derechos humanos.

Desde el 11 de octubre el pleno de San Lázaro aprobó las preguntas y se enviaron al Ejecutivo. Aunque la ley marca 15 días naturales para contestar, éstas llegaron hasta ayer. El 30 de octubre el pleno exhortó al Presidente a contestar, ante críticas como la del vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía.

En las respuestas, privilegian datos sobre la lucha contra el crimen organizado en esta administración, y se destacan logros en reducción de la pobreza, mejora en salud, educación y vivienda. Se responde al PRD, por ejemplo, que en materia de empleo la informalidad forma parte del sector ocupado, por lo que no debe contarse como población desocupada.

En respuesta a esa bancada, el gobierno omite informar cuánto ha transferido a los diversos sindicatos como el petrolero, al señalar que sólo hace frente “a sus compromisos laborales”.