aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Embalses “ahogan” a pueblos enteros

Silvia Otero| El Universal
Lunes 05 de noviembre de 2012
Embalses ahogan a pueblos enteros

PASADO POR DESAPARECER. El pueblo de Temacapulín sería afectado por la construcción de la presa “El Zapotillo”, en el estado de Jalisco. (Foto: JORGE SERRATOS y YADÍN XOLALPA )

Los proyectos causan daños de todo tipo, en especial violaciones a los derechos humanos de comunidades; al final de cuentas de nada valen amparos... las obras siguen

[email protected]

Los 250 años de veneración a la Virgen de los Remedios, su templo, quedarán bajo el agua. La historia de Temacapulín será anegada. La vida de los pobladores de esta comunidad de los Altos de Jalisco será “reubicada”. Serán otros más de los millones de desplazados que dejarán su pasado entre las compuertas de una presa en aras del progreso.

La construcción de la presa “El Zapotillo” en esta zona, es sólo uno de nueve casos documentados por organizaciones civiles mexicanas, que están en proyecto o cuya edificación ha provocado daños ambientales, sociales y culturales irreversibles, violaciones a los derechos humanos de comunidades enteras. En todos los casos existe el mismo patrón: nunca se consultó a los habitantes, y después, de nada valen amparos o juicios a favor, al final el gobierno se impone, nada impide las obras.

Cada una de las historias, como la de los indígenas de Oaxaca desplazados por la presa “Cerro de Oro”, que desde hace 35 años luchan por la indemnización que se les prometió a cambio de dejar la tierra de sus antepasados, se presentarán la próxima semana ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el más importante en su tipo a nivel internacional. Sus resoluciones no tienen vinculación jurídica, pero su peso ético ha desatado debates globales sobre derechos humanos, lo mismo en casos de dictaduras, la Guerra de Vietnam o el impacto del actuar de empresas trasnacionales.

Los siete jueces internacionales que integran el panel en el tema Presas, Derecho de los Pueblos e Impunidad, se reunirán el 5 y 6 de noviembre próximos en Temacapulín, para emitir un fallo que se entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las comisiones Federal de Electricidad (CFE), Nacional del Agua (Conagua) y la Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El objetivo del juicio: “Dar voz a los que no son escuchados, hacer visibles a los que nadie quiere ver”.

Los representantes legales Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy, de la organización Colectivo de Abogados, que asesoran el movimiento “Salvemos Temacapulín, Acasingo y Palmarejo”, explican así la importancia de que el Tribunal de Permanente de los Pueblos abriera un capítulo México.

Se busca dar a conocer en la escena internacional lo que pasa en el país, “ya que es necesario cambiar la política pública que rige los proyectos de construcción de presas”, exponen.

El Colectivo de Abogados encabeza las preaudiencias ante el Tribunal, y junto a los representantes de todos los afectados, presentarán los nueve casos emblemáticos, ejemplos de que “hay una situación general de violación de los derechos humanos”.

Más allá de las compuertas

La Comisión Mundial de Represas —que estableció el Banco Mundial en 1998— indica que 80 millones de personas en el planeta han sido desplazas por estos proyectos (en su mayoría hidroeléctricas), y a pesar de los beneficios, los daños son injustificables, pues los afectados “han pasado penurias inimaginables junto con la desintegración de sus comunidades y un notorio deterioro de su salud física, mental y emocional”.

Gómez Godoy asegura que un estudio de la Universidad de Guadalajara concluyó que 20 personas en Temacapulín murieron por depresión en los últimos años, ante la posibilidad de reubicación ante el proyecto de “El Zapotillo”; son “pérdidas imposibles de mensurar, no están en los estudios de factibilidad de la obra, ni en el costo-beneficio”.

Advierte que incluso ninguna autoridad u organización en México ha medido cuánto es el total de personas afectadas por estas construcciones, ni la gravedad de la devastación ambiental o el impacto cultural.

Entre los nueve casos documentados que se entregarán al TPP, está la presa “Paso de la Reina”, un proyecto de la CFE en Oaxaca, en el Río Verde, cuya construcción aún no inicia, pero se advirtió a los pobladores que se irán de la zona; la hidroeléctrica “La Parota”, en Guerrero, supuestamente fue cancelada en agosto pasado, pero es un riesgo latente para la comunidad; mientras que la obra “Las Cruces”, afectaría en Nayarit comunidades coras, huicholas y mestizas de la zonas serrana y de la costa.

Los indígenas chinantecos y mazatecos desplazados hace 35 años de Oaxaca, por la presa “Cerro de Oro” y reubicados a una selva tropical en el Valle de Uxpana, obligados a vivir como una sola comunidad, siguen en espera de la indemnización prometida.

Entre las obras ya construidas, donde el daño es irreversible está “La Yesca”, en los límites de Nayarit y Jalisco. “Hay comunidades afectadas que no han sido indemnizadas, no se ha completado la obra social a la que se comprometieron, caminos que no se hicieron”, señala Espinoza Sauceda. Lo mismo ocurre con “El Cajón”, también en territorio nayarita. La presa “El Naranjal”, que está proyectada en Veracruz, se trata de otro tipo de patrón, pues es una “minipresa” con cortinas de 10 a 15 metros; lo grave es que en la entidad hay proyectadas 112 de este tipo, “que en su conjunto si pensamos en la afectación que hacen a los ríos, son mucho más devastadoras al medio ambiente que las megapresas”, indican los abogados.

Otro caso emblemático es la presa “Arcediano”, en Jalisco, “proyecto del foxismo que no se hizo, pero se desplazó a la gente, se destruyeron monumentos, se gastaron mil millones de pesos, y no se rindieron cuentas”, detalla Espinoza Sauceda.

La lista incluye “El Zapotillo” que se construye en Jalisco, con un avance de 40%, por la que tres comunidades serían desplazadas. Actualmente existen dos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para parar la obra.

En este caso el agua será para León, Guanajuato “no para el abasto, se está quedando sin agua pues se sobre explotan sus mantos acuíferos, pero fundamentalmente porque tiene una sobrecarga de industria, se pretende con la presa garantizar su viabilidad por 25 años más, aquí hay un interés privado disfrazado de utilidad pública”, advierten los abogados.

Al final indica Espinoza Sauceda “no hay ningún caso exitoso registrado en México por indemnizaciones por la construcción de presas, y no existe legislación alguna que contemple el desplazamiento forzoso de pueblos por estos proyectos, la constante es la impunidad rampante”.



comentarios
0