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La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y encarceló a siete servidores públicos que presuntamente formaban parte de una red de corrupción al servicio del cártel de Sinaloa, tres de los cuales pertenecían a la dependencia federal.

José Cuitláhuac Salinas, titular de la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO), destacó que “esta averiguación previa continúa en trámite, porque se han obtenido nuevas líneas de investigación en torno a otros funcionarios públicos”.

A partir de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012 se busca desmantelar esta nueva red que tejió desde 2010 la organización que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, que consiguió la colaboración de funcionarios que presuntamente informaban al cártel sobre las investigaciones y acciones que preparaba el Ministerio Público de la Federación en su contra.

El subprocurador detalló que esta investigación, que inició el 1 de febrero pasado, permitió que el 21 de junio pasado se obtuvieran las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de instancias federales y locales; los siete presuntos colaboradores del cártel de Sinaloa están en diversas prisiones y enfrentan procesos por delincuencia organizada.

Entre los detenidos está Manuel Arroyo Hernández, quien estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Este sujeto, según dos testigos protegidos, ofreció sus servicios al cártel garantizando que podía obtener información valiosa, ante su cercanía con la titular de la PGR, Marisela Morales Ibañez.

Salinas Martínez rechazó cualquier relación entre la procuradora y el empleado. “Este tipo de funcionarios que se corrompen, pueden tener posibilidades de prestarle los servicios que requieren la delincuencia organizada, siempre van a hacer alusión a la cercanía con altos funcionarios públicos, porque esa es la cadena que tienen supuestamente para tener la información”.

Otro de los detenidos es Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Suprema Corte y ex funcionario de la SIEDO, quien recibía 60 mil dólares a cambio de información que presuntos cómplices en la PGR le daban.

Ingresó en 2005 a la Corte como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Sergio Valls y renunció cinco años después. En junio de 2010 ingresó a la PGR como fiscal de la Unidad de Investigación Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, pero renunció a la SIEDO y reingresó a la Corte en marzo de 2011.

Obtuvo a finales de 2011 información de las indagatorias contra Felipe Cabrera Sarabia, El Inge o El Señor de la Sierra, lugarteniente de El Chapo; del colombiano Harold Mauricio Poveda, El Conejo (extraditado en febrero a EU), y de Sergio Villareal El Grande, operador de los Beltrán Leyva.