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SAO PAULO .— La violencia contra los periodistas y la impunidad de los delitos constituyen la principal “preocupación” en el panorama informativo de México, reveló el informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Argentina, Ecuador y Venezuela figuran también entre los países que más preocupan a la SIP, debido a las restricciones a la libertad de expresión y de prensa que aplican la justicia y los gobiernos de esas naciones, según expresó el presidente de la entidad, Milton Coleman.

Dijo que los tiempos que corren “son peligrosos para los periodistas”, ya que a las acciones de algunos gobiernos que coartan la libre circulación y acceso a la información se suma el incremento de ataques a periodistas.

La SIP inaugurará hoy formalmente en Sao Paulo su 68 Asamblea General, con la presencia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de la que saldrá un informe final.

El reporte preliminar, que debe ser aprobado por la Asamblea de la organización que se reúne desde el viernes pasado en Sao Paulo, en el caso de México reflejó que además de “la reiterada violencia” y la impunidad, el fracaso de las leyes para la protección de los informadores, que “quedaron como letra muerta”, se alzan como principales motivos de alarma.

El informe consigna que en México 82 periodistas han sido asesinados y 16 han desaparecido desde el año 2000, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha revelado que cerca de 70% de los ataques contra periodistas quedan impunes.

El documento cuenta con las aportaciones del Comité de Impunidad de la SIP, que preside el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

Riesgos hemisféricos

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, manifestó también su preocupación por la situación específica de Argentina, Ecuador y Venezuela, así como de Cuba, Honduras y México.

Entre los principales aspectos que preocupan a la SIP están la violencia contra periodistas, incluidos asesinatos, la polarización entre los medios de prensa y los gobiernos, el uso “abusivo” de la legislación y la mala distribución de la publicidad oficial en perjuicio de los medios caracterizados como opositores.

En el caso de Argentina, la delegación de ese país denunció la existencia de un “clima hostil” hacia los medios de prensa y un “escenario oscuro” generado por medidas y “maniobras arbitrarias” del gobierno.

La situación, presentada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Dessein, llevó a que el presidente de esa entidad, Carlos Jornet, solicitara a la SIP el envío de una delegación a Buenos Aires para que tome cartas en el asunto.

Dessein denunció “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas”, que “configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”.

Se aseguró que “la pauta oficial es empleada, en general, de manera arbitraria, desconociendo falles de la Suprema Corte de Justicia que condena desigualdad publicitaria”.

La SIP recibió el pedido y a través de Mohme confirmó que estudiará el envío de una comitiva el próximo 7 de diciembre, cuando entrará en vigencia el artículo 161 de la nueva Ley de Medios (que limita la cantidad de licencias que puede poseer cada grupo empresarial y afectará de lleno al gigantesco Grupo Clarín, enemigo público del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).

Venezuela y Ecuador

La delegación venezolana realizó graves denuncias sobre ataques y limitaciones a la libertad de prensa y de expresión en el país caribeño.

El informe presentado por el editor del Diario Regional de Zulia, Gilberto Urdaneta, señala que las restricciones a la libertad de prensa aumentaron a raíz de la polarización política que arreció durante las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado, en las que Hugo Chávez resultó reelegido.

Las limitaciones a la libertad de prensa están plasmadas en la “persistencia sistemática de hostigamiento al ejercicio de la libertad de expresión”, la “desequilibrada distribución de la publicidad oficial” y dificultades para acceder a la información pública.

El periodista acusó al gobierno de restringir el acceso a ruedas de prensa oficiales a “los medios del Estado y a muy pocos privados”.

El vicepresidente de la Comisión para Ecuador, Pedro Zambrano, acusó al gobierno de Rafael Correa de utilizar en forma sistemática recursos públicos para atacar a los periodistas y medios de prensa que critiquen su gestión.

“El régimen sigue usando recursos públicos para atacar y desmentir sistemáticamente lo que publican los medios, los periodistas y la gente que opina diferente”, dijo Zambrano, quien aclaró que el gobierno usa el término “desmentidos” para catalogar los reiterados ataques.

El caso brasileño

En Brasil, un “motivo de alarma especial” lo constituye el aumento de asesinatos de periodistas y los ataques a la prensa, según expresó la ex presidenta de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ, por sus siglas en portugués), Judith Brito.

La periodista lamentó el asesinato de dos colegas ocurridos este año, y mencionó el caso del reportero André Caramante, quien dejó el país bajo amenazas, tras cuestionar al ex jefe del batallón de choque de la policía de Sao Paulo (ROTA), coronel Paulo Lópes Telhada, quien defendió en redes sociales la matanza indiscriminada de “vagabundos” y se jactó de haber matado a unos 36 “sospechosos”.

Aunado a lo anterior, el informe preliminar presentado a la Asamblea General de la SIP consigna que en Cuba persiste una “absoluta represión contra las libertades individuales, de prensa y de expresión”.

De acuerdo con el documento, el gobierno de Raúl Castro continúa aplicando la censura y la represión a medios y periodistas, y sigue usando a la prensa como medio de propaganda gubernamental.

Pese a que, de acuerdo con el informe, las cárceles “no están llenas de periodistas” como hace unos años, se siguen registrando detenciones de comunicadores durante cortos periodos, que pueden durar días u horas.

También se denunció un aumento de “la vigilancia, el control y la represión” contra los periodistas, y una “intervención directa de la policía” en acciones de coacción contra los comunicadores.

La Asamblea anual de la SIP, en la que participan unos 450 periodistas y dueños de empresas de comunicación, culminará el martes, cuando serán aprobados los informes preliminares de cada uno de los países.