silvia.otero@eluniversal.com.mx  

La Interpol busca en 190 países al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba por delitos contra la salud, ya que presuntamente fomentó operaciones de narcotráfico del cártel del Golfo-Zetas, del que recibió sobornos a cambio de protección, recursos con los que financió campañas políticas, adquirió inmuebles y empresas en México y en Estados Unidos a través de prestanombres.

Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la investigación en su contra no sólo se sustenta en testigos protegidos, pues existió intercambio de información con Estados Unidos para integrar el expediente.

Autoridades federales revelaron que la última pista que se tuvo de Yarrington fue en un país europeo, por lo que en cuanto se obtuvo la orden de captura se emitió la llamada ficha roja, para que sea detenido en cualquiera de las 190 naciones que integran la red policiaca global.

La procuradora confió en que pronto pueda ser detenido, aunque de momento “no se encuentra localizado”.

Detalló que a partir de la averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/12/2009, se acreditó que Yarrington Ruvalcaba es presunto responsable de delitos contra la salud, en la modalidad de fomento para cometer delitos contra la salud.

Se le cuestionó sobre las evidencias recabadas y si solamente se sustentó el caso en los cinco testigos protegidos que participan. “En las pruebas sólo puedo comentar que son diversas, no solamente son testigos colaboradores, son también otro tipo de evidencias, pruebas que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal y también por el juez”, aclaró.

Red de corrupción

En mayo pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos entabló una demanda civil para confiscar los bienes de Yarrington: un predio de 18 hectáreas en el condado de Bexar, en San Antonio, y un condominio en la isla South Padre, en Texas, por los que se pagaron más de 7 millones de dólares a través de prestanombres.

El gobierno de Estados Unidos documentó que las propiedades fueron adquiridas con el dinero que el ex gobernador recibió del cártel del Golfo a cambio de protección, entre 1998 y 2005, con apoyo de empresarios como Napoleón Rodríguez de la Garza, quien ya fue enviado a prisión por un delito menor.

Para Estados Unidos, el empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano-Martínez, quien es prófugo de la justicia de ese país, ayudó a Yarrington a lavar dinero por alrededor de 20 millones de dólares a través de ocho empresas “fachada” y al menos 14 cuentas bancarias desde 2005. La esposa de este hombre, Zonia Nereida de Pau García, en días pasados se convirtió en testigo protegido de la PGR.

Para este caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recurrió también al testigo protegido Ángeles o Antonio Peña Argüelles, detenido en febrero pasado en Texas, presunto enlace entre los líderes del cártel del Golfo-Zetas y los políticos tamaulipecos.

Asimismo, declararon en su contra los ex zetas Ricardo López Ortiz, El Pitufo, que junto con el testigo Óscar dijo que se encargaron de entregar los sobornos.

Revelaron que para ocultar parte de los fondos también contaron con el apoyo de socios como Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, un empresario que fue detenido en mayo pasado por la PGR y que también se convirtió en testigo protegido en esta investigación, para adquirir al menos cuatro ranchos en Tamaulipas.

Autoridades de la PGR indicaron que la indagatoria sigue abierta por el delito de lavado de dinero y al menos otros 10 empresarios están implicados, así como el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.