Lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo se han negado a hacer por décadas, el Poder Judicial lo está haciendo ahora a través de la aplicación del principio de que la Constitución está por encima del Código de Justicia Militar.

A pesar de que el artículo 13 constitucional establece que cuando un civil se ve involucrado en la comisión de un delito por parte de elementos militares, el caso se llevará en un tribunal civil; el Código de Justicia Militar considera que los casos de violación de la disciplina militar incluyen los delitos del fuero común y federal cuando fueron cometidos durante el servicio militar.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de llevar el caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana, un joven asesinado y desaparecido por militares desplegados en la 24 zona militar, a una corte civil devuelve dignidad a la Constitución e impide que el Código de Justicia Militar siga siendo un instrumento castrense de control de daños.

Ya habían ocurrido intentos de reformar ese Código y resolver su condición anticonstitucional. El más reciente fue el del presidente Felipe Calderón, que presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar para que los militares que cometieran delitos del orden común o federal fueran juzgados en cortes civiles. Sin embargo, el intento reformador fracasó cuando las fracciones parlamentarias se opusieron a la intención presidencial de que esos tribunales civiles estuvieran integrados por abogados provenientes de las Fuerzas Armadas.

Por décadas, los grupos de derechos humanos han exigido a los poderes Ejecutivo y Legislativo que reformen el Código para eliminar la contradicción con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución. Sin embargo, la negligencia de los partidos políticos para modificar cualquier área del marco jurídico militar ha permitido que las Fuerzas Armadas sigan gozando de un fuero de guerra que subsiste sin modificación desde 1857.

La decisión tomada por el Poder Judicial tiene al mismo tiempo una repercusión profunda en la eliminación de la impunidad militar que podría engendrase en casos de abuso grave cometido por soldados.

Ahora las familias de civiles asesinados por elementos de las Fuerzas Armadas sabrán que los casos serán llevados por jueces que no están sujetos a la cadena de mando militar y que pueden defender el Estado de derecho por encima de la intención de preservar una prerrogativa militar que nació en el pasado autoritario.

* Especialista en Fuerzas Armadas