politica@eluniversal.com.mx 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un debate sobre el fuero de guerra o militar en el que, de ratificarse el criterio del caso Rosendo Radilla, se establecerá de manera obligatoria que los soldados acusados por delitos que involucren a civiles deberán ser juzgados por tribunales ordinarios y no por los militares.

El máximo tribunal enlistó para el próximo lunes un paquete de 28 amparos promovidos por militares y civiles, además de dos conflictos competenciales entre tribunales, con el objetivo de establecer jurisprudencia en el tema a partir de la sentencia Radilla, aprobada en 2011, la cual dispone que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean conocidas por tribunales civiles.

El listado incluye 26 amparos promovidos por militares juzgados en el fuero de guerra por delitos que van del robo y homicidio al narcotráfico, y las demandas que presentaron familiares de dos civiles asesinados por personal del Ejército, quienes exigen que los juicios se sigan en los juzgados civiles.

Entre los asuntos a estudiar por la Corte destacan cinco amparos de subordinados del general Manuel Moreno Aviña, a quienes se atribuyen violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Ojinaga, Chihuahua, entre 2008 y 2009.

De acuerdo con el expediente, iniciado en la Procuraduría General de Justicia Militar, en ese periodo el alto mando habría ordenado la ejecución de al menos siete civiles, autorizado cateos sin orden judicial, sembrado armas a detenidos, recibido sobornos de narcotraficantes e, incluso, colaborado con ex sicarios del cártel de La Línea como informantes.

Otro grupo de asuntos, en el que la Suprema Corte deberá resolver si delitos como el tráfico de drogas pueden considerarse faltas a la disciplina militar y, por tanto, ser de competencia castrense, es el de seis amparos tramitados por soldados acusados de transportar 928 kilogramos de cristal y 30 de cocaína a Tijuana desde el Distrito Federal.

En los casos de violaciones a derechos humanos por militares se incluye el de Otilio Cantú, el joven asesinado en abril de 2011 por militares comisionados a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, y el de Bonfilio Rubio, un indígena asesinado por un soldado en 2009; ambos en el ámbito de la justicia militar.

En relación con el primer caso, la Corte estudiará también el amparo del policía militar Carlos Fidel Flores Ábrego, acusado de alterar la escena del crimen, y quien está siendo procesado en un juzgado militar junto con los otros seis involucrados.

El paquete incluye los amparos de un teniente acusado de dos homicidios en Lechivía, Oaxaca, en agosto de 2008; un sargento segundo enjuiciado por robo a casa habitación y homicidio calificado en La Paz, Baja California Sur, quien logró que su proceso fuera enviado al ámbito de la justicia militar, y el de un capitán segundo acusado de operar vía telefónica desde Cancún la liberación de tres presuntos secuestradores del cártel del Golfo, detenidos en Allende, Nuevo León.

“Con estas resoluciones, los ministros dejarán un precedente vinculatorio sobre el alcance del fuero militar”, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lleva el caso del asesinato del indígena Bonfilio Rubio Villegas.

Activistas alzan la voz

La Comisión Internacional de Juristas de Suiza, las Clínicas Internacionales de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Harvard, la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Defensa Legal de Perú y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México, enviaron a la Suprema Corte documentos en los que señalan que “a la luz de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México no debe prevalecer el fuero militar para casos de violaciones a derechos humanos contra civiles”.