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La Secretaría de Gobernación aseguró que las observaciones que se hicieron a la Ley General de Víctimas se entregaron en tiempo y forma como lo marca la ley, quien se retrasó, exhibió, fue el Congreso, y ahora lo que el Ejecutivo quiere es evitar la publicación de una legislación que vaya en detrimento de las propias víctimas.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, puntualizó que en, caso de tener que publicar la ley porque el Legislativo así lo manda, no se descarta que el Ejecutivo recurra entonces a la controversia constitucional.

Sin embargo, ahora el Ejecutivo espera que el Senado de la República envíe la comunicación correspondiente, en donde específica su decisión de ordenar o no la publicación de la Ley General de Víctimas.

“Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las víctimas. Si no contamos con un instrumento que garantice verdaderamente que los estados van a contar con la obligación y con los elementos para darles atención a esas víctimas, no va a servir una ley”, aseveró el encargado de la política interna de la nación.

Alejandro Poiré recordó que fue el Congreso de la Unión, luego de aprobar la legislación que brinda protección a las víctimas del delito el pasado 30 de abril, el que envió al Ejecutivo, para su revisión, el expediente.

“Nos lo envía el 10 de mayo y nos dice: ‘no, regrésamela’, por petición del propio Congreso de la Unión, del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y el 1 de junio, entonces sí, ya estamos en posibilidad de someterla a consideración del Ejecutivo. A partir de ese momento corre el plazo para presentar observaciones y precisamente el día en que vence ese plazo (1 de julio) es que se presentan las observaciones”, explicó.

El gobierno federal expresó que no cabe la publicación de la ley tal cual fue aprobada por el Congreso y después corregirla sobre la marcha, porque la legislación no contempla hacer el seguimiento a la ayuda que ya reciben actualmente decenas de víctimas, además de que no marca con claridad la responsabilidad de cada una de las entidades federativas.

“Respecto a la ley, en la forma en la que fue aprobada se corre el riesgo de que en lugar de que demos mayor atención más rápidamente, desde el momento en que se publicara la ley ya estaríamos obligados a tomar una serie de determinaciones y a implementar una serie de acciones que significarían el riesgo de que, si bien el 90% de los delitos se cometen a nivel estatal, los estados posiblemente pudieran no cumplir la Ley de Víctimas”, indicó Alejandro Poiré Romero.

PGR pide reforma primero

La Secretaría de Gobernación urgió a avanzar primero en la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para legislar en materia de víctimas, misma que ya fue aprobada por el Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados.

“Creo que lo que corresponde es avanzar en esa reforma constitucional lo antes posible y al mismo tiempo, y tener una ley que verdaderamente nos garantice que todas y cada una de las víctimas del delito van a tener por parte del Estado la atención que merecen, para evitar que sean revictimizados”, apuntó.