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Por considerar que tiene grietas a través de las cuales distintas autoridades pueden escapar a su responsabilidad, el Poder Ejecutivo hizo observaciones y devolvió al Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas que fue aprobada apenas el 30 de abril pasado.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rubén Fernández, informó que a más tardar en dos semanas se instalará una mesa de trabajo entre autoridades, organizaciones civiles, víctimas y legisladores, para dar seguimiento al tema y sacarlo, incluso, en periodo extraordinario de sesiones.

Lo que interesa al Ejecutivo, explicó, es fortalecer los mecanismos que la ley propone para que las víctimas puedan ser protegidas, por ello urgen a mejorar el diseño que tiene que ver con las responsabilidades de cada autoridad en los tres órdenes y elevarlas a rango constitucional.

Además, busca que sea el delincuente quien pague por los daños que se causen a las víctimas, y no el Estado.

El funcionario dijo que no se trata de quitar responsabilidad al Estado, sino de garantizar que el delincuente es responsable. Sólo en un caso de urgencia las autoridades resarcirían el daño a la víctima, pero luego se cobraría a quien lo cometió.

Otro de los temas que el Ejecutivo busca modificar de la Ley General de Víctimas, es elevarla a rango constitucional para que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno evada su responsabilidad.

Se pide que en el artículo 21 Constitucional, que incluye la protección de los derechos de las víctimas, se anexe un texto en el que se especifique qué autoridades son responsables en la materia.

La ley mencionada fue aprobada de manera unánime por la Cámara de Diputados y obliga al Estado a dar asistencia y protección a las víctimas a través de medidas que incluyen el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación de daño.

Los retrasos

Según registros de la Comisión Permanente, la decisión de vetar la ley fue comunicada el pasado 1 de julio, en plena jornada electoral y en medio de un enredo de oficios que retrasaron un mes la entrega de las observaciones. El Ejecutivo consideró que el fondo de reparación del daño —emblema de la ley general— es “incuantificable e insostenible”.

El Congreso, según las observaciones enviadas, no se apegó al procedimiento legislativo y la colegisladora aprobó el dictamen de las comisiones del Senado sin tomar en cuenta las observaciones que se hicieron en el pleno senatorial, lo que la dependencia consideró como una grave “inconsistencia” de procedimiento. La Segob justificó el retraso de la publicación por trámites jurídicos y de ajuste del texto.

El decreto de la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso, firmado por los legisladores Renán Cleominio Zoreda y Guadalupe Pérez, fue remitido a la Segob el 10 de mayo a las 12:11 horas, según el sello de la Oficialía de Partes.

Pero tres horas después, en el oficio LXI-III/PMD-st/12/01, el secretario técnico de la Mesa Directiva de San Lázaro, Eduardo Espinoza, dijo que “por instrucciones del presidente de este órgano, el diputado panista Óscar Arce Paniagua solicitó a Gobernación devolver al Congreso ese expediente para hacerle una revisión”.

El 11 de mayo, el subsecretario de Enlace Legislativo, Antonio Hernández, atendió la solicitud de Espinoza Pérez. Y fue hasta el 1 de junio cuando se remitió nuevamente el decreto definitivo en un oficio firmado por Paniagua, fecha que Gobernación toma como inicial.

En el oficio enviado por Espinoza se asegura que el documento que envió fue por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, Óscar Arce, a fin de “realizar una revisión”.

De acuerdo con el primer documento y lo que establece la Constitución, las observaciones a la ley tendrían que haber sido enviadas a más tardar el 10 de junio.

De hecho, el presidente del Senado, José González Morfín, envió un exhorto al titular de la Segob, Alejandro Poiré, el 29 de junio para publicar este decreto.