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Alrededor de 55 mil elementos de las policías del país, incluyendo niveles de mando que han sido sometidos a controles de confianza, han resultado no aptos para el servicio, no cumplen con el perfil para el puesto, reveló José Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En entrevista, después de participar en el cuarto foro nacional sobre seguridad y justicia “A Cuatro Años de la Reforma Penal, lo que Falta”, detalló que hay un avance global en las evaluaciones de 35%, de un universo de alrededor de medio millón de efectivos que integran las fuerzas de seguridad del país, por lo que sólo 175 mil han sido evaluados.

Al respecto, el funcionario indicó: “También consideramos que ya estamos tarde en este tema; ha habido, de parte del gobierno federal, los recursos, la asesoría y el acompañamiento”, por lo que reiteró un “llamado enérgico a las entidades para que avancen de manera decidida”.

Recordó que no se trata de un programa del presidente Felipe Calderón, sino de una obligación legal que debe verse cristalizada en enero de 2013, “y como tal el compromiso de los gobiernos estatales es con su sociedad”.

Vega Marín aceptó que hay un rezago en la aplicación de los exámenes de control de confianza que se han concretado desde octubre de 2011 a la fecha. Reveló que “de los efectivos que han sido sometidos a dicha evaluación, 30% ha resultado no apto para el servicio”.

Dijo que alrededor de 55 mil elementos no han aprobado los exámenes de control de confianza, y explicó que “el promedio de no aptitud que se refleja en todos los niveles de las corporaciones es aproximadamente el mismo”, aunque reconoció que en el caso de los altos mandos los gobiernos estatales están avanzando de manera más rápida para certificar a sus servidores públicos hasta niveles de secretarios de seguridad pública, procuradores de justicia y secretarios de gobierno. Sólo cinco entidades han certificado a todos sus mandos.

Rezago en reformas

Sobre la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, que incluye los juicios orales, Vega Marín informó que se han destinado recursos por un monto de mil 200 millones de pesos para todas las entidades del país.

Después de cuatro años de la reforma, sólo Chihuahua, Estado de México y Morelos han cumplido al 100% en la implementación de la reforma. Sobre el resto del país indicó que son entidades “que han tenido acceso a los mismos recursos, por lo que advertimos que [los rezagos] tienen que ver más con una voluntad de las autoridades locales del Poder Judicial, del gobierno del Estado para hacerlo, porque hay las mismas condiciones, en todo caso reflejan falta de prioridad”.

Las entidades con mayor rezago son Nayarit, Colima y el Distrito Federal, que están construyendo apenas un Código Penal. Las que ya presentaron sus iniciativas al Congreso y están en espera de que se apruebe su código, son Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

Las que ya tienen aprobado su código y están por entrar en vigor: Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Michoacán, entre otras. Las que mayores avances reportan, son: Baja California, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán. Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Morelos.