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El Senado aprobó en comisiones la reforma al fuero militar, con la que se establece claramente en el artículo 58 del Código de Justicia Militar que será competencia de las autoridades y tribunales civiles del orden federal revisar las violaciones a derechos humanos y delitos, incluidos los del fuero común, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles.

Pero la sentencia será compurgada en una cárcel militar. La reforma al fuero castrense incluye por primera vez el derecho de las víctimas de abusos de militares —a sus familiares y deudos— a impugnar la competencia de un juzgado y recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se precisa que los jueces federales penales y los magistrados unitarios de circuito que conozcan de los delitos de militares contra civiles deberán tener conocimiento del marco legal y la disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los integrantes de las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos decidieron continuar con la elaboración de este dictamen, que se prevé presentar a más tardar el martes al pleno para su primera lectura.

El documento plantea también la creación de la Policía Ministerial Militar, que estará compuesta por el personal que designe la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina y se encargará de la investigación de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Este cuerpo militar deberá cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, preservar el lugar de los hechos y prestar auxilio a las víctimas ofendidos y proteger a testigos, aunque en esta decisión no estuvo de acuerdo el PRD.

El dictamen deja en claro que no prescribirán los delitos de genocidio y de desaparición forzada de personas, como planteaba el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la iniciativa que envió al Congreso en 2010.