WASHINGTON.— Casi 10 mil cadáveres de víctimas de la violencia del crimen organizado, entre ellos migrantes centroamericanos y mexicanos, permanecen sin identificar en México, denunciaron activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre esos restos, más de mil 200 fueron recuperados entre 2006 y 2011 en un total de 310 fosas clandestinas en todo el país, según cifras de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, presentadas a la CIDH por la directora de la organización, Mercedes Doretti.

En una audiencia ante el organismo, varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG) denunciaron la lentitud y falta de efectividad de México a la hora de buscar e identificar a los emigrantes centroamericanos desaparecidos en ese país en su intento por llegar a Estados Unidos, ante la sospecha de que muchos de ellos formen parte de los mil 200 hallados en fosas clandestinas.

Las ONG recordaron que aún no se han identificado todos los cadáveres de la masacre de Tamaulipas —de agosto de 2010—, en la que los cuerpos de 72 migrantes fueron hallados en una fosa común, y la registrada en el mismo estado un año después, cuando se hallaron los restos de 193 personas en 47 fosas clandestinas.

Doce de los migrantes masacrados en 2010, y cerca de 150 de los hallados en 2011, “no han sido identificados”, dijo Doretti a periodistas tras la audiencia, que se enmarca en el 144 periodo de sesiones de la CIDH.

“No buscan” a desaparecidos, acusan

Las ONG también denunciaron la falta de reparación de daños a los familiares de las víctimas, que en algunas ocasiones “abrieron los ataúdes para hallar restos de alguien que no era su ser querido, o incluso restos de carne no humana”, dijo Rosa Nely Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (Cofamipro).

El padre de uno de los migrantes desaparecidos, el mexicano Candelario Castillo, afirmó en la audiencia que ya no confía en la PGR para investigar el paradero de migrantes.

Castillo habló en nombre de las familias de 21 migrantes que desaparecieron en marzo de 2011 en San Luis de la Paz, Guanajuato: “No tuvimos apoyo del gobierno mexicano para la búsqueda. Las autoridades nos cierran las puertas (...) simplemente no los están buscando”.

Las ONG pidieron a México que forme una comisión de expertos forenses independientes, asesorada por la sociedad civil y por la propia CIDH y la relatoría de Derechos Humanos de la ONU, para supervisar el proceso de identificación de los restos, solicitud que fue respaldada por los comisionados en la audiencia.

También solicitaron la creación de una base de datos forense a nivel nacional y regional, con la ayuda de expertos internacionales, para facilitar el acceso a la información sobre los no identificados y desaparecidos.

Max Diener, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación —presente en la audiencia— reconoció la “gravedad” de los hechos denunciados, pero negó que el Estado los “tolere”. Afirmó que el gobierno federal “está construyendo un sistema de base de datos integral” forense, que estará listo y será compartido con las familias antes de que concluya este sexenio. (EFE)