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La consolidación de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos y la salida de dos ministros del ala conservadora, que concluyen su periodo en noviembre de este año, son algunos de los retos que enfrentará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2012.

A partir de esta semana el máximo tribunal desahogará una agenda de trabajo que incluye asuntos de gran relevancia, entre los que destacan el caso Florence Cassez, la definición de competencias sobre fuero militar y el establecimiento de las condiciones en que deben cumplir sus sentencias los reos en las cárceles del país.

Entre los primeros de la lista figuran 12 amparos que promovieron internos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, para impugnar la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública de trasladarlos al Cefereso de Villa de Aldama, Veracruz, lejos de su lugar de residencia.

También para este primer periodo la Corte podría dictar la resolución final en el caso de la francesa Florence Cassez, quien interpuso el recurso de revisión contra la negativa de un tribunal colegiado de expatriarla a su país, para cumplir allá la sentencia de 60 años de prisión que se le impuso por secuestro y otros delitos.

La agenda de la Corte contempla la revisión de los amparos que promovieron empresas de telefonía, en los que deberá pronunciarse sobre las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para fijar tarifas de interconexión.

Para esta semana está en lista una solicitud de facultad de atracción que pide a la Corte definir cuál es el régimen que debe regular la relación de trabajo entre las entidades federativas y los trabajadores de los organismos descentralizados, una definición que tendrá un impacto relevante sobre miles de personas que integran esa planta laboral.

La Corte también tiene en su agenda varios expedientes de juicios en materia de transparencia, en los que deberá determinar si las autoridades pueden recurrir ante los tribunales las decisiones de los institutos de acceso a la información que les son adversas.

Otro tema relacionado con derechos humanos será la revisión del procedimiento de extinción de dominio en el DF. En este y otros asuntos, la Corte deberá dar contenido a las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, así como a los criterios derivados de la sentencia del caso Rosendo Radilla, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconocida como obligatoria por el máximo tribunal.

En noviembre concluyen su nombramiento los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Los dos nuevos integrantes del pleno serán electos por un Senado renovado como resultado de los comicios de julio, a propuesta del presidente Felipe Calderón, que estará a punto de concluir su mandato y tendrá ya a un sucesor electo, que no podrá intervenir oficialmente en el relevo.