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La Presidencia de la República advirtió ayer que analiza “todas las alternativas para proceder legalmente en contra” de los 23 mil mexicanos que denunciaron al gobierno federal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, entre los que destacan John Akerman, Sergio Aguayo y Epigmanio Ibarra, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En un comunicado, Los Pinos reprochó a estos ciudadanos el daño que sus “acusaciones temerarias” causan a México en foros y tribunales internacionales, y dijo que vulneran el andamiaje institucional.

“Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan”.

El texto difundido por la Presidencia afirma que no hay omisiones en los casos “excepcionales” donde se han detectado violaciones a derechos humanos.

Incluso, explica que el gobierno ha investigado y actuado legalmente en contra de las autoridades involucradas en actos que trasgreden los derechos humanos. Insistió en que las fuerzas federales son desplegadas a petición de los gobernadores.

Los cuerpos federales de seguridad , dice el comunicado, “se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”. La Presidencia consideró “absurdo” equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad con delitos de lesa humanidad, que se cometen sólo en Estados “autoritarios”.

Añade que en el gobierno federal los casos excepcionales sobre violación a los derechos humanos son “repudiados y castigados” invariablemente por el Estado.

“No son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”, aseguró la Presidencia.

De acuerdo con el comunicado, en México tiene una “democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.

Además, se enlistan una serie de reformas recientemente aprobadas por el Congreso que demuestran el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, como son los cambios en el primer capítulo de la Constitución, las reformas Penal, y de Amparo.

Lo que demuestra que el gobierno ha emprendido “una profunda reforma legal e institucional para mejorar sustancialmente a los órganos encargados de la Seguridad”.