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El presidente Felipe Calderón y funcionarios de su gabinete de seguridad fueron denunciados con el respaldo de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, por crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que la estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado ha derivado en asesinatos, desapariciones forzadas, desplazados y torturas, entre otros hechos, que han vulnerado los derechos humanos de la población.

En respuesta, el gobierno federal sostuvo que el Estado mexicano “no está en guerra”, no existe un conflicto armado, ni internacional de carácter permanente, ni una política de gobierno de ataque generalizado o sistemático contra la población civil; defendió la actuación del Ejército y rechazó que su estrategia constituya un crimen internacional, por lo que no es procedente una investigación de la CPI.

La denuncia presentada ayer por el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, fue promovida por un grupo de investigadores, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que está acompañada de 23 mil firmas de ciudadanos.

También piden juzgar en el tribunal internacional al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, por la estela de muerte y violencia que han dejado en el país sus actividades criminales. El documento incluye 470 casos concretos de los delitos que se le imputan al mandatario, así como a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el de Marina, Francisco Saynez.

En entrevista con Noticias MVS, el abogado expuso que la CPI tendrá aproximadamente un año para analizar la situación que impera en México y determinar si es procedente la demanda; un proceso en el que el Estado mexicano también podrá aportar argumentos en su defensa.

La Secretaría de Gobernación reaccionó con un comunicado de seis puntos en el que “el gobierno federal niega que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente”.

Argumentó que no se cumplen los requisitos para que la CPI inicie una investigación sobre la situación en el país, pues actúa cuando un Estado no cuenta con la capacidad o disposición para actuar contra hechos que puedan calificarse de crímenes internacionales. “En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”.

Defendió que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con los estados de manera temporal sin sustituir en sus funciones a las autoridades locales.