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En México atacar a un medio de comunicación o agredir a un periodista “hoy no tiene costo” para los responsables. Ante la gravedad y el sentido de urgencia del problema, el gobierno federal debe rediseñar su estrategia, adoptar sin dilación un programa concreto de medidas con recursos presupuestales suficientes para prevenir la ola de violencia contra el gremio y proteger a sus integrantes, vulnerables lo mismo ante autoridades municipales que al crimen organizado.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que mientras en Colombia hay fondos por 40 millones de dólares para el Mecanismo de Prevención y Protección para los periodistas, que permite sacar a un comunicador y su familia del país, en México —a pesar de ser una economía mayor— no existe un esquema similar y sólo hay recursos por 26 millones de pesos para este rubro.

Cuestionó los escasos resultados de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir estos ilícitos; también llamó a los legisladores mexicanos a aprobar la iniciativa de ley para federalizar los delitos cometidos contra periodistas que “ha dormido el sueño de los justos” en los últimos tres años, y consideró que el presidente Felipe Calderón debe reasumir el liderazgo que mostró en su propuesta de reforma, para que se adopten medidas a corto plazo, se tomen las decisiones.

El experto resaltó que tan sólo en este año ocho periodistas han sido asesinados y se han perpetrado cinco ataques a instalaciones de medios de comunicación, los más recientes al diario El Buen Tono de Córdoba, en Veracruz, y El Siglo de Torreón, en Coahuila; además de dos empleados de El Financiero reportados como desaparecidos.

Una crisis, que advirtió, no es reciente. Recordó que desde hace cinco años hay una fiscalía especial de la PGR para atender delitos contra periodistas, que ha tenido la capacidad de ejercer el poder de atracción de casos, pero que “probablemente no pueda ejercerla en la mayoría, donde situaciones locales no llegan a ser titulares de primera plana o motivo de atención de los noticieros nacionales”.

Hernández Valencia destacó que “cinco años después, si midiéramos en términos de resultados, no tenemos ninguna condena fruto de la acción de la Fiscalía Especial, entonces hay ahí un cuello de botella que no estamos logrando resolver”.

Atender el problema “requiere de una preocupación presupuestal y de políticas públicas en consecuencia (…) debemos darnos cuenta que tenemos que tener alertas tempranas, poner cámaras, puertas blindadas, códigos, hacer gastos en nuestros medios de comunicación y periodistas, y no dejar que los gastos los haga la empresa”.

La situación se agrava, indicó, con “los periodistas de a pie”, que están en los pueblos más pequeños “no sólo enfrentan ataques, incendios, asesinatos, las más graves son esas, las cotidianas son los mensajes de odio, las cartas anónimas, los telefonemas que indican: ya sabemos en qué colegio estudian tus hijos; las esquelas o las flores mortuorias, las llamadas diciendo tu esposo o esposa acaba de tener un accidente o lo va a tener muy pronto si no se calla”.

Todo ese mundo de agresión, amenaza, hostigamiento está allí, “no se le ha golpeado, no se le ataca, se evidencia poco”, minando la posibilidad de los mexicanos a ser informados lo mismo de actos de corrupción de una autoridad municipal o local que de la acción del crimen organizado, destacó.

Hernández Valencia subrayó la importancia de que los legisladores aprueben la iniciativa de ley del Ejecutivo —presentada en octubre de 2008— para federalizar los delitos cometidos contra periodistas, pues “si los otros poderes del Estado no toman en serio esto, quiere decir que no estamos acompañando a las voces de urgencia”.

Indicó que es necesario “rediseñar completamente el enfoque” de atención al problema, federalizar los delitos es sólo un primer paso, se debe asignar presupuesto, enviar a las zonas más golpeadas por estos hechos a los investigadores, policías federales, aplicar medidas de protección, sacar familias de las zonas de riesgo, y no volver burocrático el proceso sino tener una reacción inmediata. “Estamos hablando de un tema de vida o muerte”, recordó.

Expuso que “todos los actores esenciales de esta ecuación tienen todos los elementos de juicio y los elementos técnicos para que las decisiones sean tomadas sin mayor dilación. Tal vez lo que toque es un nuevo impulso, desde el propio presidente (Felipe) Calderón”.