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“La lucha es por el empleo; hay disposición a dialogar”

Julián Sánchez| El Universal
Lunes 10 de octubre de 2011
“La lucha es por el empleo; hay disposicin a dialogar”

CIERRE. El 10 de octubre de 2009, la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Al día siguiente se publicó, en el “Diario Oficial de la Federación”, el decreto presidencial que extinguió a la empresa. (Foto: MIGUEL ESPINOSA EL UNIVERSAL )


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El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no dejará de luchar hasta recuperar la fuente de empleo de sus agremiados, y en este marco, tiene disposición de analizar y aprobar, o en su caso, rechazar en asamblea las propuestas que haga el gobierno federal para la reinserción laboral y productiva de los más de 16 mil trabajadores que no se han liquidado, a dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Las negociaciones en la Secretaría de Gobernación y la disposición de esta para concretar una solución, no pueden hacer a un lado que con la incursión militar a instalaciones de LyFC el 10 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón tomó una decisión equivocada al ordenar el cierre de esa paraestatal.

“Fue un acto con el que se violó la Constitución y los derechos de los trabajadores que pertenecen a un sindicato al que se ha querido aniquilar. Contrario a eso, a dos años, esta organización se ha fortalecido a nivel nacional e internacional y hoy está más viva y fuerte que nunca”, dice en entrevista Martín Esparza Flores, secretario general del SME.

¿Cuál es el balance a dos años de la extinción de LyFC?

Hay que considerar, en primer lugar, que el Ejecutivo mandó hace dos años un mensaje de que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona centro y al contrario, ha empeorado.

Hoy resulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dice que 70% de la infraestructura es obsoleta y que se requieren por lo menos 13 mil millones de pesos por año para infraestructura, lo cual evidencia uno de tantos puntos: de que se gasta más que cuando operaba Luz y Fuerza del Centro.

Además, los costos de la electricidad se triplicaron y hoy pretenden que pagues la electricidad por adelantado. Mandan un monedero electrónico y el pago de un seguro de vida en el recibo. Eso es un abuso de la CFE a los usuarios. Y la cartera vencida la dejan para que despachos privados la cobren como si fuera cualquier servicio, cuando es un servicio público que el gobierno está obligado a dar.

Pero se ha señalado lo contrario, que el servicio se ha hecho eficiente, que se tienen ahorros y que se avanza con la reinserción laboral.

Nosotros hemos recogido testimonios, evidencias y otra información. Las fallas se han incrementado. Ahí están, por ejemplo, las explosiones en el Centro Histórico, 102 en lo que va del año, así como los miles de reportes de fallas y cobros excesivos e injustificados y al menos 30 accidentes mortales por negligencia o falta de pericia de contratistas que no saben operar el sistema.

Paralelamente, no se generaron los empleos que el gobierno dijo que se tendrían. Ahora vemos a los esquiroles que se liquidaron sin empleo, porque no les cumplieron. Nosotros no íbamos a aceptar un changarro de donas, porque lo que nosotros sabemos hacer es suministrar energía eléctrica. Y que digan realmente a cuántos han contratado en la CFE de más de 28 mil que se liquidaron.

Sus supuestos programas de reinserción laboral han sido un fracaso, por eso nosotros nos mantenemos en la lucha porque creemos en que recuperaremos nuestra fuente de empleo que nos arrebataron ilegalmente a más de 44 mil trabajadores y en lo que sabemos hacer y somos especialistas.

¿Considera, entonces, que fue equivocada la decisión del Presidente?

Absolutamente. Vemos que de esa decisión, que se dijo fue valiente, han salido a la luz pública las verdaderas intensiones, que tienen que ver con la privatización de la industria eléctrica a partir de que se sigan entregando permisos a industrias extranjeras para generar electricidad.

Hoy, el negocio de la fibra óptica lo tienen dos ex secretarios de Energía y se ha demostrado que fue mentira que el salario de los trabajadores de LyFC representaba 25%, incluyendo a los jubilados, y mentira lo de las transferencias de 42 mil millones para beneficios de los trabajares, lo cual utilizaron como uno de sus argumentos para lanzar a la calle a más de 44 mil trabajadores.

Por eso sostenemos que se violentó la Constitución y la ley, y los derechos de los trabajadores. Ese crimen lo avalo la Corte y los que salen pagando de estas decisiones son los usuarios, la población y los trabajadores.

¿Que consecuencias ha tenido esto para los ex trabajadores de LyFC?

Ha terminado con su patrimonio; han tenido que vender carro, casa, en muchos casos, porque no les dan trabajo al saber que laboraron para LyFC y que pertenecen al SME.

Se ha dado la desintegración familiar, divorcios, muchos se han enfermado, muchos hijos de trabajadores han tenido que dejar la escuela. Se ha hecho un terrible daño moral y sicológico.

Tenemos casos de compañeros que se han suicidado por la desesperación de ser discriminados y no encontrar trabajo y paralelamente hemos contabilizado en estos dos años el fallecimiento de 200 jubilados. Y se ha dado un deterioro para los deudos, porque no les han pagado lo que tienen derecho. Hablamos de una tragedia muy fuerte.

¿Cree usted que se logre lo de la creación de una nueva empresa o que se acepte la figura de patrón sustituto?

Pues, no ha terminado el litigio y el sindicato tiene una representatividad legal, que no la dio el gobierno a cambio de algo, sino que fueron los propios trabajadores los que decidieron quiénes los representarían y con base en eso se otorgó la toma de nota, con vigencia del 9 de septiembre pasado a julio del año 2013.

Partiendo de la legalidad que tiene el SME, se dialoga para establecer un acuerdo político en la Secretaría de Gobernación, para establecer la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado y cuyo mecanismo no lo hemos establecido. Se dará mediante ese diálogo y la negociación, pero el compromiso es que sea antes del 30 de noviembre.

Por tanto, sobre el mecanismo, es tema abierto a la discusión y en esto el sindicato establece en sus estatutos que las propuestas deberán llevarse a la asamblea general.



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