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El Congreso de la Unión es el que pide más transparencia a gobiernos y estados en el uso de los recursos; sin embargo, es el que más oculta información de su quehacer legislativo y no cuenta con órganos independientes que defiendan los derechos de los ciudadanos a la hora de presentar una solicitud de información.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los dos órganos internos que hay para defender los derechos de quienes solicitan la información a los legisladores dependen de ellos mismos, es decir, no existe autonomía.

Y aunque en sus reglamentaciones sí aprobaron crear órganos independientes para que supervisen las respuestas que otorgan los legisladores a los ciudadanos, éstos no han sido integrados a pesar de que los mismos diputados y senadores ordenaron a todas las entidades públicas y de gobierno crear sus propios órganos garantes con autonomía.

Legisladores son juez y parte

Si un ciudadano solicita información a la Cámara de Diputados o al Senado y no está conforme con la respuesta, debe presentar su recurso de queja ante los mismos legisladores.

En el Senado opera el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información (Cogati) que integran cinco senadores, mientras que en la Cámara de Diputados se presenta el recurso de revisión ante la Unidad de Enlace, que depende directamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Los senadores que integran el Cogati son: el priísta Raúl José Mejía González, quien funge como presidente del Comité; Jaime Rafael Díaz Ochoa (PAN), Arturo Núñez Jiménez (PRD), Rosario Ibarra (PT) y Javier Orozco (PVEM).

Esto, según consta en el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores.

En la Cámara de Diputados está la Unidad de Enlace, cuyo coordinador es Fernando Javier Flores Castellanos, quien recibe los recursos de revisión que a su vez son verificados y analizados por un órgano rector.

El órgano rector de la Cámara Baja se integra por un presidente, tantos vocales como coordinadores de grupos parlamentarios haya y cuatro consultores, y lo preside quien ocupe la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Los vocales son los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la junta. Los consultores son el secretario general, el contralor interno, el director general de Asuntos Jurídicos y el titular de la Unidad de Enlace. Estos últimos dependen de los mismos legisladores.

Esto, de acuerdo con la información proporcionada a través del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, cuya reforma fue el 6 de abril de 2009.

Hasta la fecha, pocos casos han sido resueltos por estas instancias y ninguno ha llegado a la Suprema Corte.

Organizaciones no gubernamentales, como el Colectivo por la Transparencia, así como investigadores como Khemvirg Puente, de la UNAM, destacan la falta de autonomía y la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos por la carencia de organismos autónomos en el Poder Legislativo.

Lo anterior, debido al conflicto de interés que significa que los legisladores se conviertan en juez y parte.

De acuerdo con el último informe del Instituto Federal de Acceso a la Información, en 2010 sólo ocho recursos de revisión se presentaron en San Lázaro y en el Senado de la República, seis.

Según el IFAI, en 2009 se presentaron ante la Cámara de Diputados 2 mil 297 solicitudes de información, pero sólo se presentaron 14 recursos de revisión por esas peticiones.