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Organizaciones de defensa de los derechos humanos alertan que el caso emblemático de impunidad padecido por la activista social Marisela Escobedo en Chihuahua se repite con María Antonia Márquez ahora en el Estado de México. Uno de los asesinos de su hija fue dejado en libertad por magistrados y ahora temen por su vida y la de los únicos testigos presenciales del crimen: sus tres nietos.

El caso que María Antonia Márquez enfrenta en el Estado de México es tan parecido al que Marisela Escobedo enfrentó en Chihuahua que los defensores de derechos humanos temen que pudiera tener el mismo desenlace: su asesinato, por lo que exigen al Estado mexicano brindar protección a los familiares de la víctima.

“Es un caso prácticamente igual. Hay una enorme responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, que se entrelazan para no combatir la violencia feminicida en el Estado de México, que hoy día es un tema de extrema gravedad. Lo único que queda es la impunidad y la señora María Antonia, mamá de la víctima, corre un grave riesgo”, asegura Sergio Méndez Silva, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada en 2004 en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, por su concubino, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro, en presencia de los tres hijos de la víctima, quienes fueron encerrados dentro de la casa junto al cadáver de su madre hasta que una vecina los encontró.

El pasado 3 de agosto María Antonia Márquez Hernández, acompañada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, presentó una denuncia contra los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla que dejaron en libertad a Isidro López.

El 5 de febrero de 2010, los magistrados Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra acordaron dejar en libertad al cuñado de la víctima y descalificaron los testimonios de los tres niños por su edad y los acusaron de mentir cuando señalaban al acusado como uno de los asesinos de su madre.

“Temo por mi vida, porque nos ha estado intimidando la familia de Bernardo. Y como víctimas nos enfrentamos al despotismo de las autoridades. Es muy riesgoso decirlo, pero puedo denunciar que esta mala investigación es por corrupción entre las autoridades y los abogados de los asesinos, que son muy influyentes en la política del estado”, denuncia María Antonia Márquez , quien desde hace siete años busca justicia.

Esconden investigación

Tras el asesinato de Nadia Alejandra Muciño, la Procuraduría de Justicia mexiquense no le permitió ver a su madre la averiguación previa durante un año y dos meses argumentando sigilo. El ministerio público y el perito habían perdido todas las pruebas incriminatorias: la soga con que ahorcaron a la víctima y un cable de luz con el que la golpearon. Al cadáver nunca le hicieron pruebas periciales y la escena del crimen nunca fue fijada ni custodiada, por lo que días después fue incendiada.

“Cuando se levantó el cuerpo de mi hija, antes de que llegara Bernardo a la casa, que supuestamente no estaba enterado, llegaron sus abogados, Donato Zamora Rosas y Alejandro Zamora. Ellos están dentro de la política en (Villa) Nicolás Romero y tienen mucho peso. Incluso no disimularon. Hablaron con el MP y el perito Michele Aceves Sánchez. Se ponen de acuerdo. Lo único que alcancé a escuchar fue: ‘No se preocupen, todo va a salir bien’. ¿Y salió bien para quién?”, denuncia Márquez.

Debido a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, Isidro López Gutiérrez está absuelto de toda responsabilidad, mientras su hermano Bernardo sigue prófugo de la justicia mexiquense, pese a que en reiteradas ocasiones las víctimas los han visto cerca de su domicilio.

Para María Antonia Márquez la similitud de su caso con el de Marisela Escobedo es por la violencia que sufrieron sus hijas y la falta de una justicia pronta como madres de víctimas de feminicidio en México, pero, pese a que teme por su vida, se rehúsa a pensar en el desenlace que la activista de Chihuahua tuvo al ser asesinada.

“El caso es muy parecido al de mi hija porque esta niña (la hija de Marisela Escobedo) regresó con este hombre agresivo en varias ocasiones pese a la violencia. Igual Nadia… Le pedía perdón y regresaba. Creía que iba a cambiar. Nadia fue sujeta a violencia desde un principio que llegó a vivir con Bernardo.

“Ya lo había denunciado por privación ilegal de la libertad porque una vez la había encerrado en un cuarto y ya no la encontrábamos. La buscamos en hospitales, procuradurías. Él mismo me acompañó. Ella logró escapar y se fue conmigo a Puebla. La denuncia desapareció en Nicolás Romero y después de rastrearla apareció, pero ella ya estaba muerta. Regresó con él bajo amenazas y seis meses después me la mató”, narra con tristeza María Antonia Márquez.

La activista Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre del 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía que las autoridades detuvieran a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, concubino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien se encuentra libre pese a haber confesado el homicidio de la joven.