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MADRID.— Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no quiso poner ayer la mano en el fuego por su círculo de colaboradores más próximos en la PGR, y a la pregunta de si puede garantizar que sus trabajadores más cercanos están limpios y sin alguna relación con el crimen organizado, respondió: “No. En eso estamos trabajando”.

La funcionaria reiteró la necesidad de llevar a cabo depuraciones en la PGR que, dijo, deben ser “periódicas en todas las instituciones para cuidar que no se contaminen”. Aseguró que este proceso de limpieza no supone un fallo en el sistema, ni se debe ver como una debilidad, sino como una fortaleza del Estado mexicano.

“Tenemos que estar tanto evaluando como capacitando de manera periódica a estos servidores públicos, y en cuanto se detecten actitudes o situaciones que no corresponden a lo que ha de ser un servidor público, hay que darlo de baja para poder ir reclutando gente que sí tenga un compromiso con el país y con la institución”.

La funcionaria achacó los numerosos casos de corrupción, de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y la detención y encarcelación de varios servidores públicos a “la naturaleza humana, por eso tenemos que ser muy enérgicos y actuar de manera firme y contundente como lo hemos venido haciendo y como se va a seguir haciendo, para no permitir que se vuelvan a generar estas conductas que tanto dañan a las instituciones”, dijo.

“Cuando empiezas a ver a alguien que no se está comportando de acuerdo al trabajo que debe desempeñar, en ese momento empiezas a perder confianza. Y eso, por desgracia, ha ocurrido en el pasado y no podemos pensar que no vaya a ocurrir”, comentó Morales.

La funcionaria se refería a los 462 servidores públicos destituidos por cometer diversos delitos, del 17 de abril al 20 de julio, y a los 700 que se están siendo investigados. Entre éstos últimos negó que esté el ex subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales Arturo Germán Rangel, a quien presuntamente y junto a otros funcionarios de su equipo se le acusa de enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y otras conductas que violan normas penales y administrativas.

“No tenemos datos ni elementos para poder afirmar que se esté investigando al ex subprocurador, y sería temerario afirmar algo así”, respondió la funcionaria.

Sobre “Rápido y furioso”

La titular de la PGR hizo esas declaraciones durante un encuentro con la prensa en la embajada de México en Madrid, ciudad que visitó luego de realizar una gira por Roma para firmar diversos acuerdos de colaboración.

Se le preguntó sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar a la organización delictiva Los Zetas “una inusual y extraordinaria amenaza a la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales”, a lo que respondió que no puede valorar una opinión de otro país, pero aseguró que el combate a ese grupo es prioridad del gobierno de México.

También dijo que no tiene datos sobre si el operativo Rápido y furioso armó a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, ni sobre la retirada de fondos federales destinados a Ciudad Juárez.