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MADRID.— La periodista Rosa Isela Pérez está feliz. Cada día cuando se levanta puede revisar su correo electrónico sin miedo a encontrar amenazas, puede pasear por las calles sin temor a ser asesinada e incluso jugar con su esposo y sus hijos tranquilamente en un parque. También puede escribir en libertad. Está en España, donde ha recibido asilo y el estatus de refugiada. Vive en un pequeño pueblo recóndito en el que trata de rehacer su vida después de haberse visto obligada a abandonar su casa en Ciudad Juárez en apenas 24 horas y con sólo lo puesto. Y aunque extraña a su familia, ni ella ni sus hijos quieren volver.

Rosa Isela Pérez trabajó siete años en el diario El Norte de Ciudad Juárez escribiendo sobre los feminicidios. Apenas unos meses después de ser contratada le asignaron cubrir la versión de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Pronto empezó a denunciar lo que vio. Presos inocentes que morían torturados, irregularidades en los juicios, corrupción en las fuerzas policiales y gubernamentales, y una impunidad en el 99 por ciento de los casos. “La mayor parte de los medios locales se sumaron a una campaña puesta en marcha por el gobierno municipal para limpiar la imagen de la ciudad en la que se decía que no había crímenes contra mujeres, que los feminicidios eran un mito”, relata.

La reportera recibió amenazas, pero no les dio importancia y siguió con su trabajo.

Un día fue despedida. Después de sufrir acoso laboral durante unos meses, la corrieron. “El nuevo gobernador, Reyes Baeza, pidió mi cabeza y el periódico se la dio”, relata. Entonces Rosa Isela comenzó a colaborar con organizaciones defensoras de derechos humanos y las amenazas continuaron hasta el punto de mudarse a la casa de su mamá.

En 2009 una abogada del caso del Campo Algodonero (en el que fueron asesinadas ocho mujeres) le pidió testificar en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aceptó. En una histórica sentencia, la CIDH condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos y al gobierno de Felipe Calderón a indemnizar y proteger a los familiares de las víctimas. Pero el gobierno no cumplió, y tampoco se encargó de protegerla.

Consciente de que en México “si denuncias o investigas violaciones de derechos humanos estás muerto”, abandonó Ciudad Juárez. “No me sentí segura. Así que pensé que no iba a arriesgar a mis hijos y esperar a que pasara algo y me fui”.

Tras descartar Canadá por la dificultad para obtener una visa, optaron por España y en apenas un mes el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó su solicitud.