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Jesús Fernando Lara Ruiz, el adolescente que perdió el brazo derecho por la explosión de un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, aún espera que se cumplan las promesas que recibió tras el accidente que provocó la muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo.

Jesús Fernando —entonces de 14 años— trabajaba en el Pozo 3 de Sabinas, pese a que está prohibido que menores de edad laboren en la extracción de carbón. Las heridas y quemaduras que sufrió el 3 de mayo provocaron que se le amputara el brazo.

Días después de la explosión en el “pocito” —como se le llama en la región a la forma más rudimentaria de extraer carbón—, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres, prometió que se darían becas a los 35 huérfanos que dejó el accidente y a Jesús Fernando. También aseguró que recibirían ayuda sicológica.

A más de un mes de la explosión, Jesús Fernando no ha recibido ni beca ni atención sicológica, asegura su madre Rosalba Lara Ruiz: “El dueño de la mina ni siquiera se ha presentado con nosotros. No le ha pagado su incapacidad. Nada. Nos han dejado así, que nos arreglemos como podamos”.

El pasado 14 de mayo, EL UNIVERSAL informó sobre los lazos familiares existentes entre los concesionarios del Pozo 3, la empresa que realizaba la extracción de carbón, el presidente municipal de Sabinas y el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor.

De acuerdo con el título de explotación minera del Pozo 3, uno de los concesionarios es Enrique Edmundo Montemayor Seguy, hermano del ex gobernador de Coahuila y ex director de Pemex Rogelio Montemayor, así como tío del actual alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor Garza.

El otro concesionario es Alfonso González Garza, el hombre que posee más concesiones para explotación minera en la zona carbonífera y padre de Melchor González Vélez, dueño de Beneficios Internacionales del Norte S.A. de C.V. (BINSA), empresa que realizaba la extracción de carbón en el Pozo 3.

Rosalba explica que la atención que recibió su hijo en el IMSS fue gracias a que su abuelo lo tenía como beneficiario.

Cita con diputados

El pasado 20 de mayo, Jesús Fernando cumplió 15 años. Su madre comenta que “emocionalmente está muy mal. Los primeros días, después del problema, no estaba así. Pero ahorita ya está presentando reacciones. Tiene mucho coraje. Está muy enojado. Le da coraje no poder hacer lo que antes hacía”.

Para denunciar el incumplimiento de las promesas, Rosalba se unió a la organización Familia Pasta de Conchos, que reúne a viudas y huérfanos que, en febrero de 2006, dejó la explosión en la mina Pasta de Conchos.

A esa organización también se sumaron viudas de otros accidentes ocurridos en la región, entre ellos el derrumbe en la mina Lulú, donde murieron dos trabajadores el pasado 2 de febrero.

Rosalba y las viudas de las minas acudirán este miércoles a San Lázaro. Insistirán a legisladores el rescate integral de la región carbonífera.

Además, en el marco del Día Internacional de las Viudas, establecido por la ONU el 23 de junio, exigirán que el gobierno mexicano sancione a los responsables de los siniestros y que cumpla con las indemnizaciones y los derechos laborales. También solicitarán que en la región funcione un hospital especializado en enfermedades respiratorias.