CUERNAVACA, Mor.— Miguel Ángel Pérez Casales aparece a mitad de un predio, en Santa Catarina, un seccional del municipio de Tepoztlán, de poco más de cuatro mil habitantes. Habla para el documental 13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra. Su narración es el resumen de años de corrupción institucional y asesinatos presuntamente ordenados por el gobierno contra activistas como él, opositores al desarrollo industrial y urbano que amenaza a sus comunidades. La crónica de la batalla mereció cinco premios internacionales en 2009, el mismo año en el que Pérez fue muerto de un balazo en la nuca.

“La impunidad es asombrosa en Morelos”, dice Francesco Taboada Tabone, director del documental. “Poco después, en abril de 2010, otro compañero, Rubén Flores, fue también asesinado por talamontes ilegales. Hasta hoy ninguno de los casos se ha resuelto”.

La maquinaria contra la que luchan los 13 Pueblos es una aplanadora multimillonaria, que incluye a gigantes de la construcción.

En los perímetros de Cuernavaca construyeron complejos residenciales que se convirtieron en refugio de narcotraficantes, sicarios y secuestradores, dice Taboada. “Es allí, en esos nuevos polos, donde se gesta la nueva delincuencia organizada. Esos fraccionamientos son islas de la impunidad”.

El cineasta es también integrante del Consejo de Pueblos de Morelos. Hace unas semanas organizó a su equipo de camarógrafos para insertarlos en la Caravana rumbo al Pacto Nacional en Ciudad Juárez. “Cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia, la identificación fue inmediata. Se unen todos porque ya había una base social armada justo por un reclamo de impunidad, de corrupción. Y ahora vamos a registrar este gran movimiento”, dice.

Un añejo problema

Morelos, de donde arranca este sábado la caravana, es una entidad cimbrada por la violencia sin castigo desde hace décadas. Los escándalos motivados por la complicidad de los cuerpos de seguridad pública y la clase política comenzaron a revelarse hace 15 años, durante la gestión de Jorge Carrillo Olea, quien no terminó su mandato de seis años debido a ello.

Morelos fue el paraíso del secuestro, no sólo por el cobijo de las autoridades, sino por la activa participación de los encargados de investigar el delito con las bandas de criminales.

Para 1999, el legado judicial de Carrillo Olea fue de 50 mil averiguaciones previas sin integrar, otras 35 mil sin consignación y cuatro mil órdenes de aprehensión pendientes. El ex gobernador fue liberado de culpa por falta de pruebas en 2003. Se le acusó de omisión de autoridad. En noviembre pasado, refiriéndose al estado actual de la violencia no sólo de Morelos, sino del país, declaró ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla: “La impunidad es el primer promotor de la proliferación del delito”.

El cinismo es otro de los rostros de la impunidad, dice Taboada. En él, el crimen y la violencia crecen diario.

Morelos registró 44 mil 235 delitos en 2010, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El robo acaparó casi la mitad de esos crímenes. Se cometieron 559 homicidios dolosos, 612 extorsiones y 28 secuestros. De estos tres últimos rubros, de acuerdo con el mismo registro, Morelos se ubicó a la cabeza de las entidades con mayor proporción de extorsiones.

Las cifras de los primeros cuatro meses de 2011 hablan de una prevalencia del delito. Entre enero y abril los datos concedidos por la Procuraduría de Justicia de Morelos a la Secretaría de Gobernación muestran que se denunciaron 15 mil 330 crímenes, 187 de los cuales fueron homicidios dolosos, 88 extorsiones y cero secuestros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), Morelos ha variado poco el comportamiento delictivo desde 2004. El número de víctimas ronda 10% de la población, un punto porcentual por debajo del estándar nacional, 11%.

Pero lo que se denuncia es apenas un mínimo de lo que pasa en realidad. La delincuencia no registrada, o “cifra negra”, alcanzó entre 2007 y 2008 un promedio de 91% en esa entidad, de acuerdo con la ENSI.

En 2008 Cuernavaca todavía era un destino vibrante para el turista capitalino de fin de semana. Los asesinatos, secuestros y extorsiones acabaron con ello. Un tercio de los restaurantes, bares y discotecas cerraron, dice Rodrigo López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la ciudad. “Todo lo que teníamos se perdió... el comercio se desplomó”.

Los empresarios han podido hacer poco para reactivarse, porque no encuentran interlocutores adecuados en los gobiernos del municipio y el estado. “Las autoridades de seguridad pública tienen un gran nivel de rotación o están involucradas con el crimen organizado. El gobernador y el alcalde hacen un esfuerzo, pero éste es reactivo, se da cuando crece el descontento social. El discurso oficial es que el delito va a la baja, pero la realidad es otra”.

De 2006 a la fecha los crímenes de alto impacto aumentaron exponencialmente no nada más en Morelos, sino en buena parte del país.

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, René Alejandro Jiménez Ornelas, ubica a las víctimas de tales delitos como los menos interesados en denunciarlos. “El miedo y la desconfianza ha provocado que la sociedad se retracte y en consecuencia la delincuencia organizada hace su agosto”.

La ENSI estima que 78% de las víctimas decide no emprender una denuncia por dos razones fundamentales: la sensación de pérdida de tiempo (49%) y la desconfianza en las autoridades (16%).

La desconfianza es algo que deliberadamente se deja crecer desde las instancias públicas, advierte Jiménez.

En el Distrito Federal, Estado de México y Michoacán, las otras entidades por las que atravesará la caravana en su primera jornada, la relación de delitos e impunidad es muy parecida.

La capital mexicana registró entre enero de 2010 y abril de 2011 poco más de 258 mil delitos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ellos, mil 46 fueron homicidios dolosos, mil 376 extorsiones y 74 secuestros. En el Estado de México, durante el mismo periodo, se registraron 356 mil 924 delitos. Hubo mil 573 homicidios dolosos, se denunciaron 207 secuestros y ninguna extorsión. La incidencia delictiva se ha mantenido casi inalterable en ambas entidades durante la década, con 19% en el Distrito Federal y 15% en el Estado de México.

Si en Morelos la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes fue de 7 mil 500, en el DF alcanzó 19 mil 384 y 14 mil 368 en el Estado de México, según la ENSI. La capital mexicana es la entidad en la que se cometieron más ataques con armas en 2008, año del registro más reciente del ICESI: 37% contra 25% del promedio nacional.

“Estás son básicamente formas residuales que está dejando la delincuencia organizada; una forma de delito molecular”, dice Israel Covarrubias, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por no burocracia o desconfianza, la cifra negra del delito promedió entre 2007 y 2008 92.3% en el Distrito Federal y 91.3% en el Estado de México, similar al promedio de Morelos, pero superior al registrado por Michoacán, que es de 82.8%. En este último estado se tiene registro de 46 mil 442 delitos de enero de 2010 a abril de 2011. De ellos 963 fueron homicidios dolosos, 187 secuestros y 241 extorsiones.

Son parte de los números del crimen, la violencia y la impunidad que desata el hartazgo, dice el investigador de la UNAM: “El cansancio provoca que el ciudadano se voltee a ver entre sí para ver cómo se organizan. Ahora vemos comunidades en Michoacán que están organizándose para defenderse. O en Tamaulipas o en Ciudad Juárez, en donde, aunque los maten, los ciudadanos están dispuestos a organizarse”.