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Una investigación realizada por la organización no gubernamental i(dh)eas sobre migrantes en albergues y detenidos estableció que son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías federales las autoridades más señaladas como responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos en Chiapas.

El reporte señala que el INM es el organismo que encabeza las quejas por violaciones contra los derechos humanos de los migrantes, y “a pesar de los factores que dificultan la denuncia, existen casos concretos, testimonios e información sobre delitos cometidos por elementos del INM en contra de la población migrante”.

El documento, que presenta los resultados de la investigación de campo que realizó la organización i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., entre septiembre del 2009 y noviembre del 2010, destaca que “las personas migrantes en México siguen sufriendo agresiones y continúan siendo víctimas de extorsiones y detenciones arbitrarias por parte de las diferentes corporaciones de policía mexicanas (municipales, estatales y federales)”.

De las entrevistas realizadas en los albergues y estaciones migratorias fue posible documentar un total de 81 actos violatorios específicos, los cuales afectaron a 60 víctimas.

Del total de actos violatorios específicos, 75 fueron atribuidos a agentes del Estado y seis a organizaciones delictivas. El INM suma 43 (57%), la Policía Federal, 22 (29%); otras corporaciones policiacas, cuatro (5%); la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dos (3%); la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Migrantes, dos (3%), y otras autoridades estatales y/o locales, dos (3%).

La misma investigación remite al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relativo al periodo del 1 de septiembre de 2009 al 31 de octubre de 2010, en el que se registran 136 quejas de migrantes por presuntas violaciones a los derechos humanos en Chiapas. En cada una de las quejas se señala a una o varias autoridades; en total, se nombra a 14 de ellas.

El INM es mencionado 115 ocasiones, la PGR, 8; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cinco; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dos, y el IMSS, una.

De acuerdo con la investigación, en algunas zonas del país la situación incluso ha empeorado. “En el último año, las personas migrantes han sido víctimas de ‘operativos’ realizados por personas uniformadas que se identifican como agentes de la Policía Federal, durante los cuales se cometen delitos en contra de los mismos”.

La organización sin fines de lucro pudo documentar que agentes federales de Migración presenciaron “la golpiza infringida a un migrante por elementos de la Policía Federal, pese a que el personal del INM tiene entre sus obligaciones la de custodiar y velar por la seguridad de las personas migrantes indocumentadas”.

En este caso, menciona, los agentes del INM no intervinieron para detener las agresiones físicas, a pesar de que “la víctima pidió abiertamente su ayuda”.

Las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de migrantes que fueron documentadas por i(dh)eas van desde la omisión del personal del INM de proporcionar a los detenidos enseres básicos como jabón, cepillo y pasta de dientes, hasta violaciones graves tales como tortura y privación de la vida.

“En las localidades fronterizas, la situación de las personas migrantes en tránsito se agrava cuando elementos de las policías mantienen alguna clase de nexo con grupos delictivos”, añade el trabajo.

El informe de la ONG indica que varias investigaciones, entre otras, las realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, “han puesto en evidencia la colusión entre grupos de traficantes de personas y asaltantes de la zona con elementos de las autoridades policiacas, a las que se les otorga dinero para ignorar acciones, participar en actividades delictivas, u omitir el ejercicio de las labores de investigación y persecución que la ley les atribuye.

“De las entrevistas realizadas con personas detenidas en las estaciones del Soconusco emergió que tanto en el estado de Veracruz como en el de Tabasco elementos de esta corporación han incumplido frecuentemente sus obligaciones”, indica la obra de investigación en referencia.

Policías municipales, estatales y federales a plena luz del día abusan de los migrantes, extorsionándolos a cambio de no detenerlos o ponerlos a disposición del INM, detalla.

“El trabajo de documentación realizado pone además en evidencia la tolerancia mostrada por las autoridades encargadas de la procuración de justicia”, indica el reporte.

Las personas agraviadas incluidas en el informe provienen de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, India, Costa Rica, Ghana, Francia y República Dominicana, entre otros.

El informe menciona que la política migratoria de nuestro país está centrada en el control de la movilidad, lo que ha provocado que los migrantes directa o indirectamente elijan los caminos que resultan ser los más peligrosos y en los que hay las mayores condiciones de vulnerabilidad, con resultados fatales cotidianamente.

La organización no gubernamental i(dh)eas indica, además, que el borrador de la investigación fue entregado a la Secretaría de Gobernación y que sus comentarios fueron considerados para la versión final del informe.