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Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, anunció el envío de 500 militares más a Tamaulipas para reforzar las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal como parte de un convenio suscrito con esa entidad y con vigencia de un año.

Al leer un comunicado, el vocero de seguridad nacional aseguró que este “apoyo extraordinario” será correspondido por el gobierno estatal con la depuración de su policía. “Una vez más, las fuerzas federales irán en auxilio de los ciudadanos y las autoridades locales que lo han solicitado para reforzar la seguridad de la población”, dijo.

El funcionario advirtió a las organizaciones criminales que se perseguirá el delito.

“Debe quedarles claro a los criminales que sus delitos no quedarán impunes. Que juntos, el gobierno estatal y el gobierno federal, y contando desde luego con la exigencia de la sociedad, iremos acotando su acción para alcanzar una seguridad y justicia auténticas en la entidad”, aseveró.

Desde febrero pasado había en la entidad 3 mil 200 efectivos militares desplegados.

Explicó que la lucha por el control de las rutas y mercado en Tamaulipas entre el cártel del Golfo y Los Zetas es la causa del incremento en el número homicidios en el estado, pero también explica en buena medida el crecimiento en los homicidios ocurridos por rivalidad delincuencial a nivel nacional a partir del 2010.

Sobre la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, Poiré dijo que el gobierno federal refrenda su apertura y disposición permanente para propiciar espacios útiles con los diversos sectores, y en particular con este grupo. Señaló que Gobernación ya se comunicó con promotores.

Urgen juicios orales

Poiré urgió a los estados a acelerar sus procesos para implementar los juicios orales y así avanzar en la reforma al sistema de justicia penal.

“Para la implementación del nuevo, cimentado en la oralidad y publicidad, se requiere la acción coordinada de las entidades federativas. La implementación de esta reforma es clave para fortalecer el Estado de derecho, por ello todos los actores políticos locales y federales deben asumir el mandato constitucional”, escribió Poiré en su blog de la Presidencia.

En Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Baja California el sistema acusatorio está en marcha, y en Hidalgo, Guanajuato, Yucatán y Puebla será en este año, dijo.