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El pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la aplicación de medidas más rigurosas para investigar y dar seguimiento a la situación financiera de todos sus servidores públicos, así como de los juzgados y tribunales federales del país, para prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito.

Las medidas, adoptadas mediante el Acuerdo General 10/2011, contemplan la revisión del patrimonio y de la situación bancaria de los consejeros y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Judicatura informó que el objetivo de esta nueva medida es garantizar que la situación económica de los integrantes del CJF, jueces y magistrados federales corresponda al nivel de sus ingresos.

La revisión y seguimiento de la situación patrimonial “permitirá detectar cualquier evidencia o indicio de un posible enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar”, destacó.

El órgano administrativo consideró que la información bancaria constituye “un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de los magistrados, jueces y del personal adscrito a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo”.

Por ello, determinó establecer las bases para solicitar información sobre registros bancarios y de la situación financiera cuando así se requiera, sin perjuicio de que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de su competencia, instituya algún otro mecanismo mediante el cual puedan verificar los recursos económicos y situación financiera de los servidores públicos del Poder Judicial.

“La decisión implica una medida de transparencia para brindar a la ciudadanía confianza en el actuar de los jueces federales, debido a la alta responsabilidad que implica la función de impartición de justicia que les ha sido encomendada y los riesgos que conlleva”, destacó el CJF.

El ministro presidente y los consejeros de la Judicatura suscribieron un acuerdo, como muestra de su conformidad con que se revise su situación bancaria, de considerarse necesario, sin que se requiera para ello autorización expresa.

Bastará que el contralor avise al pleno, sin que se requiera someter ese punto a votación.

Con ello, las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar al Consejo de la Judicatura Federal la información y datos que les solicite, relacionada con los registros y operaciones bancarias de los servidores del Poder Judicial de la Federación.

La documentación, la información y los datos que proporcionen las entidades y dependencias financieras a solicitud del pleno del Consejo de la Judicatura Federal o del contralor, solamente podrán ser utilizados para verificar la situación financiera de sus servidores públicos.

Cuando de los datos, de la documentación y de la información bancaria sobre algún servidor público, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal o el contralor adviertan que existe alguna probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa correspondiente para que proceda en el ámbito de su competencia contra el implicado.