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El Senado aprobó la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que abre la posibilidad no sólo de sancionar a servidores públicos corruptos, sino también a particulares.

La ley establece, por ejemplo, que las empresas que incurran en irregularidades sean sancionadas con multas por hasta casi 120 millones de pesos y la inhabilitación hasta por 10 años.

Esto no se convierte en un “obstáculo” para aplicar el derecho penal por cohecho o peculado, explicó el senador del PRD Tomás Torres.

El ordenamiento permite abrir una investigación en contra de un funcionario o servidor público con base en una denuncia anónima, y marca recompensas y protección a denunciantes de corrupción en la administración federal.

Por ley, la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá instalar módulos de captación de denuncias, así como mecanismos para otorgar a los informantes protección y estímulos.

La Ley Anticorrupción —enviada el 3 de marzo pasado por el presidente Calderón— también sanciona a las personas físicas, con multas que van de 59 mil 820 pesos hasta casi 3 millones de pesos y la inhabilitación para participar en contratos con el gobierno, de tres meses a ocho años.

El servidor público que incurra en infracciones “graves” será destituido e inhabilitado de 10 a 20 años, dependiendo del nivel de la falta.

Acuerdo con otros países

Para acotar cualquier resquicio en el nuevo ordenamiento, se define como “irregularidad” aquella conducta tendiente a prometer, ofrecer o entregar dinero o cualquier dádiva a un funcionario; entregar información falsa, así como obligar a cualquier servidor público a destruir información.

Con el fin de no limitar el concepto “contratación pública”, se plantea una definición amplia que permitirá encuadrar cualquier práctica de corrupción que menoscabe recursos federales.

La SFP podrá solicitar al gobierno de otro país información para la investigación y sustentación del procedimiento administrativo contra quienes caigan en irregularidades al momento de realizar transacciones internacionales, adquisiciones, arrendamientos o servicios de obra pública.

Según el dictamen, las multas o mordidas costaron en 2007 a la economía de cada familia 138 pesos mensuales, lo que significa que, en el mejor de los escenarios, los mexicanos destinaron cerca de 8% de su ingreso total a gastos relacionados con corrupción.

Según Transparencia Internacional, 31% de los mexicanos aceptó haber pagado al menos un soborno para conseguir que atendieran sus reclamos, mientras que en Brasil se reportó una tasa de sólo 4%.

El dictamen se aprobó con 83 votos en favor y tres en contra.