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El gobierno de México pidió a las Naciones Unidas que “llame a las cosas por su nombre” y rechazó validar las 3 mil desapariciones forzadas durante el actual sexenio de las que habló en días recientes un grupo de trabajo de la ONU que hizo una visita al país.

El gobierno federal aceptó que el fenómeno de las desapariciones forzadas puede estarse dando en México, aunque no presentó cifras porque dijo que muchos casos pueden tratarse de situaciones de “extravío, de secuestro o de simple desaparición”.

En conferencia de prensa conjunta de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, aclaró que se pidió a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas que le llamen a las cosas por su nombre, con el fin de llegar a cifras concretas en el informe definitivo.

“Pedimos a nuestros visitantes que se le llame a las cosas por su nombre y si bien es cierto que reconocimos que el fenómeno se puede estar dando en México, también pedimos expresamente que para llegar a cifras concretas en el informe, era necesario atender a los distintos puntos de vista que se estaban expresando y, por ello, vamos a esperar a que se desahogue esta etapa de preguntas para cuando se rinda el informe final”, indicó sobre un informe preliminar sobre desapariciones forzadas.

Aumenta comisión del ilícito, acusan

El pasado jueves, al presentar el reporte preliminar de su visita a México, un grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU dijo que la ausencia forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón y que el Ejército es una de las instituciones señaladas de cometer este crimen.

El grupo de trabajo solicitó al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esta problemática y en el corto plazo retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública, a fin de prevenir las desapariciones forzadas.

La ONU aseguró que en México existe un “patrón crónico de impunidad”, pues sólo hay dos sentencias condenatorias por dicho delito en contra de servidores públicos que apelaron a la sentencia. Ello, pese a que las organizaciones civiles de los derechos humanos reportan alrededor de tres mil casos de desapariciones forzadas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta un aumento en las quejas contra este delito, al pasar de cuatro en 2006, a 77 en 2010.

El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, se negó a confirmar las cifras sobre desapariciones forzadas en México que dio la ONU, y dijo que debe distinguirse entre las quejas que presenta la sociedad civil y aquellas que admite el organismo de los derechos humanos.

“El mismo grupo (de la ONU) admite haber oído el número de tres mil, pero hay que tomar en cuenta que el organismo de derechos humanos dice haber recibido sólo 283 quejas, de las cuales 124 corresponden a 2010.

“En esa medida, hay una diferencia muy grande y en muchos casos pueden ser situaciones que obedezcan a situaciones de extravío, de secuestro, de simple desaparición, más no forzada, que supone necesariamente el involucramiento del Estado o sus agentes”, explicó el embajador Gómez Robledo.

El funcionario dijo que es necesario que el Estado mexicano defina un término acorde con el estándar internacional fijado en los tratados que México ha suscrito: con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la ONU en materia de desapariciones forzadas.