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El presidente de la república Felipe Calderón interpuso un recurso de reclamación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados para intentar frenar la expedición de la cédula de identidad para menores.

El recurso, presentado por Miguel Alessio Robles, consejero jurídico del Ejecutivo federal, fue turnado a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, para su estudio y resolución.

Por acuerdo del presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, la interposición del escrito fue notificada las partes, a las que se dio un plazo de cinco días hábiles para que manifiesten lo que corresponda, como lo establece el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

El pasado 9 de marzo, el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, admitió a trámite la demanda con la que los diputados impugnaron el decreto del Reglamento de la Ley General de Población, publicado el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación.

El reglamento citado prevé, entre otras disposiciones, la cédula de identidad, pero la Cámara de Diputados argumenta que al expedir ese ordenamiento el Ejecutivo federal invadió la esfera de competencia del Poder Legislativo y que se extralimitó en la facultad reglamentaria que le concede la Carta Magna.

De acuerdo con los demandantes, para obtener la cédula de identidad se pretende obtener información personal de los ciudadanos, como domicilio, firma, huellas dactilares e imagen del iris, y este último punto sobrepasa lo previsto en la Ley General de Población, que no lo contempla como requisito de identificación.

Los diputados exigen que el Ejecutivo suspenda el proceso de expedición de la cédula de identidad, que inició el pasado 24 de enero, hasta que se establezcan los mecanismos que garanticen plenamente la confidencialidad de los datos personales.

La demanda señaló al Ejecutivo federal y a los nueve integrantes de su gabinete que firmaron el decreto, pero el ministro Ortiz Mayagoitia resolvió que el demandado es el presidente y no los secretarios, que son subordinados del Ejecutivo.