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EL UNIVERSAL constituyó ayer un Consejo Consultivo integrado por expertos en temas de seguridad pública y derechos humanos, que ayudará a la compañía en la construcción de decisiones editoriales en los contenidos relacionados con temas de inseguridad y violencia, para que estos se apeguen a los principios de legalidad, respeto y promoción de los derechos humanos.

Los integrantes del Consejo Consultivo son Emilio Álvarez Icaza, Ernesto López Portillo, María Elena Morera, Eduardo Gallo, Elena Azaola, Marco Lara Klahr y Mario Campos.

Un primer resultado de los trabajos de este consejo fue un documento que resume los criterios editoriales que EL UNIVERSAL observará en sus coberturas sobre crimen organizado y violencia, con énfasis en la vigencia del respeto al estado de derecho, a las instituciones y la existencia de garantías ciudadanas fundamentales, entre ellas las del debido proceso, presunción de inocencia, protección de datos personales, dignidad y respeto a las víctimas.

El consejo buscará que el trabajo diario de EL UNIVERSAL en estos temas tenga una mayor profundidad, estimule la participación ciudadana para asumir un rol propio frente a este desafío, y que atraiga mayor transparencia a la responsabilidad de esta casa editorial en el cumplimiento de su Misión, de velar por el bienestar material y social de la comunidad a la que busca servir.

La participación del consejo considera el monitoreo de los contenidos editoriales y su lenguaje, así como procesos de capacitación a reporteros, redactores y editores, para garantizar que los materiales periodísticos publicados se apeguen a los lineamientos generales del Código de Ética del diario.

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, y Juan Francisco Ealy Jr., director general del diario, dieron la bienvenida a los integrantes del consejo, a quienes exhortaron a contribuir con el esfuerzo que realiza esta casa editorial para informar a la sociedad.

“Queremos dar a conocer la proyección y preocupación del periódico EL UNIVERSAL con lo que está sucediendo en este país. Yo creo que todos tenemos la obligación, sin importar partidos, colores o ideología, de hacer algo en bien de México, y necesitamos resultados en el corto plazo”, dijo el Licenciado Ealy Ortiz.

Los miembros del consejo saludaron la iniciativa —a la que consideraron pionera— y coincidieron en que el documento base es el inicio del camino para construir una cobertura informativa en la materia, que pueda marcar un cambio e invite a otros medios a trabajar en el mismo sentido.

Los consejeros expresaron entre sus principales preocupaciones la de modificar el lenguaje con el que se abordan temas de inseguridad y crimen organizado, para no reproducir los términos comunes entre la delincuencia, sino privilegiar la voz de las víctimas y tener como referente el estado de derecho.

“Si partimos de que el lenguaje se desprende del estado de derecho, eso nos evitaría hablar de levantones, de guerra como tal, porque la guerra remite a soldados, a muertos... tampoco reproducir juicios mediáticos, estas presentaciones de los detenidos como culpables, brincándonos todo el proceso”, dijo Mario Campos, politólogo especializado en medios.

“Hay que desmarcarse de las visiones autoritarias de la seguridad pública y la justicia penal, de todo discurso guerrerista, autoritario... Que el periódico se sitúe como un espacio comunicacional basado en la legalidad, el respeto a la ley, la responsabilidad social de los periodistas y de los medios, la ética, y como un actor proactivo en la reforma procesal penal”, dijo Marco Lara, periodista experto en temas de ética en medios.

Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, propuso establecer una agenda de capacitación para reporteros, editores y todos los involucrados en la producción de noticias sobre estos temas.

María Elena Morera, presidenta de Causa Común, y Elena Azaola, experta en temas de seguridad pública, coincidieron en la necesidad de impulsar temas sobre cultura de la legalidad y de reconciliación del país tras las secuelas de la estrategia anticrimen, así como de contar las historias de las víctimas desde otra perspectiva.

Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, destacó el papel que pueden jugar los medios desde esta nueva perspectiva, frente a la legitimación social de la venganza que están construyendo el clima de impunidad y las deficiencias en instituciones de seguridad.

“Hay una necesidad de abrazar las razones y fundamentos de un estado democrático de derecho. Tiene que ser un proceso de construcción social contra la violencia y el papel de los medios en la reconstrucción del tejido social”, dijo.