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La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que a pesar de los avances para mejorar las condiciones jurídicas de las mujeres, México aún no alcanza la garantía del pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.

Durante el foro “La igualdad de género en la Segob. Un espacio de rendición de cuentas”, el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Felipe de Jesús Zamora, dijo que las relaciones de género desafían formas tradicionales de poder, por lo que estos cambios “pueden generar resistencias”.

El funcionario aseguró que es imprescindible sensibilizar a la sociedad, y en especial a las instancias que intervienen en la elaboración y promulgación de leyes, acerca de que todos los actos violatorios de los derechos de las mujeres constituyen un agravio a sus derechos humanos.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y de promover la protección de los derechos humanos, entre ellos la igualdad y la equidad, especialmente de las mujeres.

“A partir de ello podremos avanzar hacia una nueva legislación más equitativa, que respete, proteja y garantice los derechos humanos sin discriminación alguna. Es necesario eliminar todo vestigio de discriminación, por pequeño e insignificante que parezca”, dijo el funcionario.

“Para terminar con estas prácticas (discriminatorias) tenemos, todos los que estamos aquí, el deber de trabajar en reformas con especial énfasis en los derechos humanos de las mujeres, promoviendo nuevas leyes y reformando las existentes en todos los ámbitos: en el penal, civil, administrativo y en los derechos procesales.

“...En todas las normas destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer en todas las formas y todas las expresiones”, dijo.

La participación de los hombres

El subsecretario de Gobierno dijo que aún es necesario desarrollar amplios programas de promoción y divulgación de los derechos de las mujeres, “porque necesitamos fortalecerlos, generar más convenios y más leyes en la materia, porque estos son mecanismos que permiten poner fin a la discriminación”.

El funcionario comentó que deben incorporarse intereses comunes —concordantes o divergentes— de mujeres y hombres, porque la promoción de la equidad de género es eficaz y facilita los cambios sociales cuando se abordan todos los niveles: diálogo político, desarrollo institucional y relaciones entre organizaciones básicas como la familia.

Dijo que el derecho a la igualdad se viola cuando se niega o limita el acceso de la mujer a la toma de decisiones y al poder político en igualdad de oportunidades con el hombre; se viola cuando hay un trato discriminatorio en la legislación, en las políticas públicas y en los tribunales.

Piden alentar prevención

En el foro, Laura Carrera, comisionada del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, convocó a las autoridades estatales y municipales a convertir la prevención social en un eje fundamental y prioritario de las políticas públicas en materia de seguridad.

Al participar en la conferencia “Ciudades seguras para mujeres seguras”, aseguró que la violencia se profundiza en los contextos sociales de marginación, exclusión y desigualdad.

Carrera Lugo comentó que en las comunidades donde se otorga poco valor a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres se recrudece en los medios de transporte, en los hogares y en las instituciones, en las calles y en los centros de trabajo.

“Debemos hacer que hoy las políticas públicas se enfoquen cada vez más al ámbito preventivo, posicionando con fuerza una nueva forma de concebir la seguridad ciudadana y, en particular, la seguridad de las mujeres”, dijo.

La titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseguró que garantizar la seguridad de este sector implica diseñar medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan el respeto a sus derechos humanos.

Comentó que diversos estudios internacionales reconocen que es en el espacio privado, como el hogar, donde las mujeres, las niñas y los niños sufren las mayores y más fuertes expresiones de violencia en su contra.

Puso como ejemplo cifras de Sonora, donde durante 2010 el Centro de Control, Cómputo y Comunicación de la entidad registró 59 mil 85 llamados de emergencia por violencia familiar, cuyas principales víctimas fueron mujeres; para finales de febrero de este año, la cifra llegó a 10 mil 43 llamados.