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Oficiales de procuración de justicia estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos, a cargo de combatir el contrabando, de la realización de la operación Rápido y furioso, e incluso agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos de 19 presuntos traficantes de armas el pasado 25 de enero en Phoenix, Arizona, informó ayer la embajada de Estados Unidos en México.

De inmediato, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió que “México no autoriza operaciones encubiertas que atenten contra la seguridad nacional”, y aceptó que “en casos asociados a este operativo, la coordinación sostenida fue para el desahogo de diligencias, sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a sus interrogatorios”.

Añadió que “el Gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano”.

La semana pasada un agente en funciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dio a conocer que como parte de la operación Rápido y furioso la agencia toleró, sin informar al gobierno de México, el ingreso de cerca de 2 mil armas largas a territorio mexicano, y que dicha operación fue fallida dado que no se pudieron recuperar una gran parte de ellas.

Comparecencia de Holder

En un comunicado, en el que informó de la comparecencia del procurador estadounidense Eric Holder ante el Subcomité de Apropiaciones del Senado, la embajada de Estados Unidos añadió un apartado con “información adicional de fondo”, en el que calificó al operativo Rápido y furioso, como una exitoso.

“Rápido y furioso fue una de muchas operaciones prioritarias contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadounidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes en los Estados Unidos y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de los Estados Unidos hacia México.

“Oficiales de procuración de justicia estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando, según se ponían en práctica las operaciones en Estados Unidos, hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”, detalló la embajada.

Minutos después de que se entregó a los medios el comunicado de la embajada, la PGR emitió un boletín de prensa negando conocer la existencia de una operación que incluyera el ingreso tolerado de armas a territorio nacional.

“Como ha declarado el procurador Holder, el objetivo de las acciones contra traficantes siempre es evitar que las armas lleguen a México y no sería aceptable que fueran traficadas mientras se les da seguimiento. Tras consultas sostenidas con diversas dependencias estadounidenses, y como se refleja en las declaraciones de dicho funcionario, se entiende que Estados Unidos no autorizó el trasiego intencional y controlado de armas a territorio nacional como parte de este operativo. El gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa, bajo ninguna circunstancia, para que ello ocurra”, dijo.

Aseguró que “desde que se tuvo conocimiento de las afirmaciones expuestas en medios, la PGR inició la investigación correspondiente para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano”.

Acción inaceptable

Durante su comparecencia el procurador Eric Holder habló de las acusaciones acerca de que la ATF toleró el envió de armas a México como parte de la operación Rápido y furioso y dijo: “Es cierto, han habido preocupaciones. Tomo esos alegatos muy seriamente y es por eso he solicitado al inspector general un informe al respecto. Dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable. Las armas son un caso muy diferente que las drogas o el dinero cuando estamos tratando de rastrearlos. No es aceptable. No podemos tener una situación en que se permite que las armas caminen. Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.

“La misión de ATF es detener el flujo de armas hacia México y hacia las personas que no deben tener armas aquí en Estados Unidos. La ATF ha hecho grandes servicios aquí y en México”, añadió el procurador estadounidense en su comparecencia.

Al respecto, la PGR aseguró que “la decisión del Departamento de Justicia y la propia ATF de iniciar una investigación sobre este caso refleja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos países y a los principios de cooperación mutuamente acordados.

“El gobierno de México seguirá este proceso con especial atención y ha solicitado formalmente información detallada al gobierno de Estados Unidos. La PGR ha ofrecido el apoyo que pudiera ser necesario a fin de que se esclarezcan plenamente los hechos y, en su caso, se sancione cabalmente a quienes hubieran cometido irregularidades”, aseguró la dependencia.

Como ha declarado el Procurador Holder, el objetivo de las acciones contra traficantes siempre es evitar que las armas lleguen a México y no sería aceptable que fueran traficadas mientras se les da seguimiento. Tras consultas sostenidas con diversas dependencias ede Estados Unidos, y como se refleja en las declaraciones de dicho funcionario estadounidense, se entiende que es país dio su autorización para llevar a cabo el trasiego intencional y controlado de armas a territorio nacional como parte de este operativo.

“El gobierno de México ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral para evitar y detener el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, siempre sobre la base de la responsabilidad compartida, la confianza y el respeto mutuo”, añadió la PGR en su comunicado.

Al respecto, la embajada de Estados Unidos agregó en su boletín que los presidentes de los dos países han dejado en claro que luchar contra la actividad criminal a lo largo de la frontera común, incluyendo el contrabando ilegal de armas hacia México, “es una prioridad de ambos gobiernos”.