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La defensa de Víctor Daniel Reyes, quien interpuso el amparo para que el documental Presunto culpable saliera de cartelera, denunció por desacato a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que el filme estuviera en cartelera hasta ayer a pesar de que la orden de suspensión provisional fue dictada el miércoles.

El incidente por violación de la suspensión dictada por la jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, fue interpuesto por lo que el Poder Judicial solicitó a la Segob un informe sobre los motivos que la llevaron retrasar el acatamiento de la orden judicial.

Las cadenas Cinépolis y Cinemex cancelaron ayer por la tarde la exhibición de la película Presunto culpable, en respuesta a una comunicación emitida por la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de Gobernación.

La dependencia federal ordenó a las empresas distribuidoras del filme que fuera interrumpida la muestra del documental, luego de que la jueza reiteró que RTC debía hacer todo lo necesario para suspender la exhibición del documental.

En un recorrido por distintas zonas de la ciudad de México, EL UNIVERSAL pudo constatar que las funciones de Presunto culpable fueron canceladas en los establecimientos de ambas cadenas.

Los encargados de taquilla confirmaron que dejaron de vender los boletos dada la notificación de Radio, Televisión y Cinematografía, en el sentido de suspender temporalmente la exhibición.

Los trabajadores dijeron desconocer cuándo podría volver a las salas de cine el documental producido por Roberto Hernández y Layda Negrete.

En su página electrónica, Cinépolis detalló que, en su carácter de distribuidor de la película, recibió de parte de Gobernación, una comunicación en la que se le ordenó suspender la exhibición de la película Presunto culpable.

La empresa dijo que acatará las órdenes dictadas por las autoridades competentes en relación con este asunto. No obstante, añadió, que se encuentran analizando las diferentes alternativas y recursos legales disponibles para procurar la continuidad de la exhibición.

“Cinépolis cumple y cumplirá con la normatividad vigente, sin dejar de lado el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”, puntualizó la empresa. Reiteró su compromiso en apoyar, dijo, “causas que promuevan un cambio social a través del séptimo arte”.

La jueza Lobo Domínguez aclaró que la suspensión es una medida precautoria que tiene como objeto preservar la materia de la litis.

Además, acordó enviar a un Tribunal Colegiado de circuito los recursos de queja que promovieron los productores del documental, la cadena Cinepolis y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en contra de la suspensión provisional y de la admisión de la demanda de amparo.

A esas quejas se sumó este lunes una más, interpuesta por la Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación.

El Tribunal Colegiado que reciba las quejas deberá resolverlas en 48 horas.