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Amnistía Internacional pidió medidas de protección inmediatas para la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicado en Lechería, en el Estado de México, ya que su personal recibió amenazas —al parecer del crimen organizado—, de que se atacarán las instalaciones y se incendiará el inmueble.

La organización —en su capítulo México— ha iniciado una campaña para recabar firmas, que se anexarán a la carta enviada al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, en la que se solicita que garanticen la seguridad de la gente del albergue y que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue las amenazas.

De acuerdo con AI, es evidente que la directora del refugio, Guadalupe Calzada, así como los voluntarios y migrantes que ahí se albergan “corren peligro, tras las amenazas recibidas de quemar el albergue y atacar a quienes se encuentren en él”.

Se detalló que el 30 de enero pasado, un guatemalteco informó a la directora del refugio que “un desconocido le había dicho que tuviera cuidado porque existen planes de en un plazo de tres días, quemar el albergue y matar a los migrantes guatemaltecos y a Guadalupe Calzada, como un perro”.

La organización detalló que “se cree que la amenaza procede de bandas de traficantes de personas que actúan en la zona y que consideran que el refugio representa una amenaza para sus actividades delictivas”.

Detienen a merodeador

El mismo día que se recibió la amenaza, Guadalupe Calzada presentó una denuncia ante la policía, por la presencia de un sujeto que merodeaba el albergue y que empezó a insultarla a gritos. “La policía llegó y detuvo al hombre. Más tarde lo dejó en libertad. Los defensores de los derechos de los migrantes sospechan que el incidente puede estar relacionado con la amenaza”, informó AI.

La directora del refugio solicitó protección a las autoridades municipales y denunció lo sucedido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); sin embargo AI pide al gobierno federal a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad del albergue, del personal y los migrantes que ahí se alojan.

En la carta dirigida a Blake Mora la organización pide que la PGR realice una investigación exhaustiva para ubicar a los responsables de las amenazas, ya que es un deber de las autoridades garantizar que los defensores de derechos humanos realicen su labor sin represalias.