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“El sistema penal debe debatirse”

Silvia Otero| El Universal
Sábado 18 de diciembre de 2010
El sistema penal debe debatirse

. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Miguel Carbonell: el Estado no protegió a Marisela Escobedo

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El caso de impunidad que derivó en el asesinato de la activista Marisela Escobedo, en Chihuahua, obliga a cuestionarse el sistema penal en el país en su conjunto, antes de lanzar acusaciones contra jueces o cualquier otra autoridad, por lo que para establecer responsabilidades es necesaria una revisión jurídica del expediente del homicida confeso de Rubí, la hija por la que esta mujer pidió justicia hasta el final.

El jurista Miguel Carbonell, en entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que hay muchos factores legales que analizar, pero en el fondo de este drama no se debe perder de vista que el Estado mexicano no garantizó la seguridad e integridad física de la activista, pues a pesar de las amenazas que hubo en su contra, “ninguna autoridad, empezando por el propio gobernador de Chihuahua, debería escapar a esa responsabilidad que muchos tienen”.

Historia de impunidad

Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue detenido como presunto responsable del crimen de Rubí Freire, perpetrado en agosto de 2008. Después de un proceso en el que el sujeto se declaró culpable, fue sentenciado, pero tres jueces decidieron absolverlo en abril de este año, un fallo que después fue revocado. Inició así la lucha de Marisela Escobedo para que el homicida fuera recapturado.

Ante la impunidad en el crimen de Rubí, y que al parecer derivó en el asesinato de su madre la noche del jueves mientras realizaba una protesta, se le preguntó a Carbonell si este caso implica una deficiencia en el sistema de justicia oral.

 

“No me parece que sea una falla imputable al sistema de juicios orales como tal, en todo caso una mala actuación, pero de esas tenemos en el sistema antiguo, inquisitivo, escrito y secreto que hoy permanece a nivel federal y en 22 entidades, de esos tenemos miles todos los días”, dijo el experto.

 

Consideró que “hoy vemos la absoluta impunidad que genera el sistema actualmente como lo tenemos; no en los juicios orales, porque este caso, suponiendo que se trate de impunidad y de mala aplicación de la justicia, es un caso. Ayer la Procuraduría General de la República informó que hay 30 mil ejecutados en el sexenio y ¿cuántos de los asesinos están sometidos a juicio?”.

 

Carbonell dijo que en el proceso contra Barraza se deben revisar el expediente, los términos legales de su confesión para determinar si era válida, la actuación del Ministerio Público al integrar el caso, el trabajo de los jueces que quizá se limitaron a apegarse a lo que estipula el Código Penal, en fin, todo el proceso, antes de lanzar acusaciones o un manto de sospecha como lo hizo el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

 

 



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