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La Secretaría de Educación de Michoacán (SEE) informó ayer, en un comunicado, que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de la organización criminal La Familia Michoacana, sigue en la nómina de la dependencia con una plaza de maestro porque para ser dado de baja tendría que estar en “prisión preventiva o bajo arresto de una autoridad judicial”, como lo establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Pero como Gómez Martínez no ha sido detenido por alguna autoridad judicial, la Secretaría de Educación estatal sigue expidiendo sus pagos, aunque informa que desde junio de 2009 los cheques “son cancelados y devueltos a la Secretaría de Finanzas”.

Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que La Tuta tiene una plaza activa de maestro en una primaria de Arteaga, Michoacán, su lugar de origen.

Gómez Martínez tiene pendientes órdenes de aprehensión, desde 2003, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión y cosecha de mariguana, pero, de acuerdo con el comunicado de la SEE, durante esos años siguió recibiendo su salario como docente, ya que fue hasta 2009 cuando se ordenó la cancelación de los cheques.

En el documento también se advierte que desde 2009 se solicitó a las autoridades correspondientes —sin mencionar cuáles— que se “cotejara la información del personal adscrito a esta institución para asegurarse de que niños y jóvenes están en las mejores manos”. El documento no da cuenta sobre los resultados de dicha solicitud.

“Está dado de alta, pero no cobra”

Graciela Andrade García-Peláez, titular de la SSE, explicó —en entrevista con EL UNIVERSAL— que el estatus de Servando Gómez Martínez es el de “un trabajador que está en la nómina, pero que no cobra porque no se presenta en la escuela a la que está adscrito”.

Comentó que el procedimiento que se sigue contra La Tuta, considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como “uno de los hombres más violentos de La Familia Michoacana”, es “administrativo” y se desahoga en la contraloría interna para “verificar su asistencia o no, independientemente del proceso judicial”.

Durante la entrevista telefónica, la funcionaria informó que La Tuta “ingresó al sistema educativo de Michoacán en 1985” y desde entonces está adscrito a la escuela primaria Melchor Ocampo, ubicada en la colonia Ejido, en el municipio de Arteaga.

Comentó que desde que ella asumió el cargo —en julio de 2009—, y al conocer la situación judicial de La Tuta, “inició las medidas administrativas correspondientes”, aunque fueron autoridades judiciales, estatales y federales, las que continuaron las investigaciones.

Dijo que la dependencia a su cargo no hace investigaciones de tipo judicial e insistió en que para poder dar de baja a un trabajador, éste tendría que estar en prisión preventiva, como lo establecen las leyes federales y locales.

Sobre la información que la SEE proporcionó a la SEP para dar cumplimiento al artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 —de que Servando Gómez aparece como profesor activo en el primer trimestre de este año y que se le asignaron ingresos brutos por 51 mil 811 pesos—, Graciela Andrade dijo: “Está dado de alta, pero esto no quiere decir que cobre.

“Hicimos lo que la ley nos requirió, y en el afán de transparencia pusimos a todo el personal en las listas”, dijo.

La funcionaria comentó que la escuela a la que está adscrito Gómez Martínez es pequeña, enclavada en una zona marginada y tiene “algunas carencias, como en toda la educación rural”.

Responsables de la contratación

El coordinador de Planeación de la propia Secretaría de Educación de Michoacán, Abelardo Mejía Rodríguez, comentó que en caso de encontrarse alguna irregularidad la responsabilidad recaería directamente en los directores, supervisores y jefes del sector, quienes son los encargados de las contrataciones del personal.

El funcionario estatal confirmó que Servando Gómez Martínez es egresado de la Escuela Normal de Arteaga, pero dijo desconocer si es quien cobra como profesor en ese municipio, aunque no descartó la posibilidad de que se trate de un homónimo.

Integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de Michoacán pidieron que se investigue y se transparente el proceso de contratación de los maestros en la entidad.

Wilfrido Lázaro, legislador del PRI, informó que han solicitado una reunión, en breve plazo, con Graciela Andrade, titular de la SEE, para que les informe sobre el caso de La Tuta.

SNTE lamenta “conductas” ilícitas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lamentó que en el interior de esa organización se den “conductas” como la de Servando Gómez Martínez, y justificó que “así como en algún momento puede haber en las filas de las propias organizaciones policiacas elementos que se involucren en actividades ilícitas, o a veces hasta en los cultos religiosos los ministros pueden tener algunas actividades no adecuadas, seguramente en un millón y medio de trabajadores puede haber alguien involucrado en esto (delincuencia organizada), pero no es ni con el consentimiento ni con el conocimiento del sindicato”.