Hoy como hace 200 años, las cárceles están pobladas principalmente por pobres y marginados, no por los delincuentes peligrosos que tanto atemorizan a nuestra sociedad. Actualmente, cerca del 70% de reclusos están acusados por delitos de baja intensidad, costándonos éstos 8 mil 400 millones de pesos anuales mas productividad perdida (de ellos y de sus familiares).

Parece que en el imaginario colectivo las cárceles son cajas mágicas en las que podemos echar a todas las personas indeseables, aquellas que nos parecen nocivas para la sociedad, violentas o simplemente incómodas. Ahí las ponemos y nos olvidamos de ellas. Las encerramos como escarmiento, para que se arrepientan y ante el terror de volver algún día a sufrir el mismo castigo transformen su conducta una vez liberadas.

Quienes no han cometido delitos deben temer ante la perspectiva e inhibir sus impulsos antisociales. Si no es así, es porque el castigo es laxo. Aparecen entonces soluciones, como la recién propuesta por el PRI de sancionar a secuestradores con cadena perpetua.

A los procesados (acusados pero cuya responsabilidad no ha sido probada ante un juez) los metemos preventivamente en la cárcel. Ante la incompetencia de las procuradurías de investigar delitos y detener a los responsables los legisladores han optado por ampliar las razones para negar la libertad provisional. Así, poco menos de la mitad de la población carcelaria nacional compurga penas por ser sospechosos, no culpables.

Queremos que las cárceles hagan todo: castigar, reprochar, prevenir, disuadir, incapacitar, corregir, educar. En nuestra sed de justicia hemos plantado todas nuestras esperanzas en un sistema que fracasa bajo casi cualquier parámetro. En el mejor de los casos, es una forma muy cara de mostrar nuestro reproche ante ciertas conductas.

Los problemas de criminalidad no se resuelven en las cárceles. No se resolverán hasta no atacar los problemas de justicia (de acceso y procuración de justicia, así como de distribución de riqueza) que afectan a nuestro país. En las condiciones que hoy operan (con sobrepoblación, corrupción, prostitución, etc.) las cárceles del país solo sirven para generar mayor y más violenta criminalidad; además de ser focos de infección de enfermedades como la tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis y sarna.

Las cárceles deben ser reservadas para los delincuentes de alta peligrosidad, que hoy sólo corresponden al 7% de la población penitenciaria, aunque en encuestas de victimización el 18% de las personas reporta haber sido víctima de un delito violento. Para estos, y si queremos tomarnos en serio el tema, se debe implementar programas intra-carcelarios con énfasis en beneficios penitenciarios por comportamiento. Hoy en día, los más ricos, los más corruptos o violentos tiene mayores beneficios.

Para los delincuentes que no son de alta peligrosidad, la aplicación de medidas alternas ha demostrado en otros países que, además de ser menos costosa, resulta infinitamente más efectiva en disminuir la reincidencia. Estas incluyen libertad monitoreada (monitoreo con brazaletes), reclusión parcial (por ejemplo durante las noches y/o fines de semana), arresto domiciliario, indemnización civil, procesos restaurativos, trabajo comunitario alternado con asistencia a centros de tratamiento o una combinación de varias.

Las medidas alternativas no significan mayor tolerancia frente a la delincuencia, sino un uso más racional de los recursos públicos para enfrentarla. (A quien le produzca horror la idea de convivir cotidianamente con delincuentes, recuerde que hoy sólo 1.7% de los delitos cometidos son sancionados.)

Esta noche duermen en nuestras cárceles 212 mil personas: acusados y condenados, adolescentes, viejos, niños y niñas hijos de presas; sin ningún beneficio claro para nadie.

En este contexto parece útil reflexionar sobre qué queremos de las cárceles y contrastarlo con lo que éstas, incluso en contextos ideales, pueden aportar.

Investigadora del IIJ-UNAM