La óptica desde la que se ve y se vive el problema de las drogas y el narcotráfico es determinante en la posición que se adopta.

Como estudiante de doctorado en Italia durante los años ochenta me tocó vivir la explosión del consumo de heroína con miles de víctimas en ese país, en España, Alemania y Suiza, que, además, fueron parte del inicio del aumento de los pequeños delitos en esas sociedades. Se trata de decenas de miles de jóvenes que, en una década, desaparecieron por sobredosis, sida o tratamiento en prisión.

Como académico en el Inacipe participé en el análisis de lo que implica el narcotráfico, con Marcos Kaplan Efron, quien en sus trabajos previó el futuro de México 20 años antes. Le llamaron alarmista. Continuamos este proceso en el libro Seguridad Pública en México, con Ernesto López Portillo.

Como operador de Justicia en la PGR, durante cinco años en los noventa, desarrollando estrategias contra la delincuencia organizada y participando con José Luis Santiago, Moisés Moreno y Fernando Gómez Mont, en la redacción de la ley federal y su implementación.

A partir de 1998, he participado en el ámbito internacional, primero aportando ideas para la Convención de Palermo y después en los 10 años siguientes como asesor interregional de Naciones Unidas o como consultor, promoviendo la ratificación de este instrumento y diseñando seminarios para su implementación en cerca de 50 países. Con Edgardo Buscaglia, he estado en Kabul y Colombia analizando el fenómeno en diferentes capacidades. También he estado en Centroamérica y América del Sur.

Por eso sé, desde esas variadas perspectivas, que el paradigma de guerra al narcotráfico y a las drogas ha sido el error más grave que se ha cometido por la presente administración. Porque drogas y narcotráfico han existido siempre y existirán. Porque la droga se encuentra desde EU y Canadá hasta Europa o Asia, es decir, en casi todos los países del mundo, pero esas sociedades no están estallando ni tienen los problemas de violencia de México, a pesar de que sus mercados valen más que el mexicano. De las armas se puede decir lo mismo. La prohibición crea el mercado ilícito y éste la riqueza ilícita; sin embargo, en esos países el modelo de política criminal representa una regulación de estos mercados, mediante el recurso al menor daño a la sociedad. No se trata de negociar con el narco, ni de pactar con él, sino de establecer políticas de aplicación cierta de la ley.

No, en cambio, las del incremento de la violencia incitado por el Estado. El maestro Luigi Ferrajoli advirtió recientemente en México que la “guerra” contra las drogas había sido uno de los factores más determinantes en la explosión de la violencia en el país. Primero, porque legitima a los grupos que están en “combate” por el control de los territorios evitando que tengan remordimientos para asesinar. Y segundo, porque incita a las fuerzas de seguridad a utilizar estrategias bélicas que no están basadas en derechos humanos.

En una ocasión frente a varios fiscales, un testigo colaborador contó cómo en 1992 Ramón Arellano Félix planeaba el homicidio del Chapo Guzmán en un pizarrón y, lavando el cerebro de sus sicarios, lo justificaba por ser un peligro para nuestro país. Esta es la carga de legitimación que tiene la guerra.

Por esto, ya en 2007 escribíamos en La razón de la fuerza y la fuerza de la razón (Inacipe, 2009), que en estándares de derechos humanos no puede distinguirse entre civiles y militares. Por eso el abandono de la expresión “guerra al narcotráfico” es un paso en la dirección correcta. El proceso es de sometimiento al Estado y al derecho.

Igualmente, hemos señalado, con Carlos Flores, que la delincuencia organizada no crea el modelo de Estado, sino que es el modelo de Estado el que crea el tipo de delincuencia organizada. Que es la debilidad del Estado la causa de la delincuencia organizada tan violenta que sufrimos, pero que esa debilidad estatal se refleja también en otros elementos, como los políticos haciendo trampas electorales y financiando ilegalmente campañas (como quedó acreditado en las sentencias del TEPJF), los empresarios que se combaten en tribunales por falta de reglas para generar la competencia económica, o en que México recauda menos del 10% del PIB, en América sólo por debajo de Haití, y por ello ha sido llamado por la directora general de la CEPAL, Alicia Bárcenas, como un paraíso fiscal de facto.

Otro de los procesos que han incrementado la inseguridad y violencia es la tesis de que la delincuencia organizada sólo debe ser combatida por la federación, y que los Estados no pueden desarrollar la lucha contra las organizaciones. Esto fue parte de las negociaciones para la reforma de seguridad pública y justicia de 2008. En esas negociaciones la izquierda sostenía, como consecuencia del caso Atenco, que no se deberían utilizar las leyes de la delincuencia organizada contra luchadores sociales. La reciente sentencia de la SCJN ha dado razón a esta posición.

El problema es que varios gobernadores, sin entender ni el concepto ni la utilización de leyes contra la delincuencia organizada, sostuvieran que ellos no tenían por qué investigar los delitos del fuero común cometidos por miembros de la delincuencia organizada. La realidad es que hoy funcionan los dos esquemas (el federal y el local).

Sin embargo, aquellos gobernadores que quieren justificarse por su incapacidad en el tema abdican de sus competencias constitucionales y avientan la pelota a la federación. Puede demostrarse que los gobernadores que no utilizaron esta estrategia fallida han podido contender con la crisis de violencia del país. Los que la utilizaron, como en el caso de Chihuahua, que además cometieron gravísimos errores en sus procesos de reforma a la justicia impulsando un hipergarantismo que genera ineficiencias e incremento de la criminalidad, estallaron.

Hemos subrayado que en la estrategia del gobierno federal ha habido errores, como el no luchar contra la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada en los gobiernos, no combatir al lavado de dinero y desmontar las empresas financieras. Además, no se han implementado estrategias locales de prevención social del delito en municipios, ya que carecen de los recursos necesarios para hacerlas. Es inconcebible el cambio que se ha vivido en Colombia si al mismo tiempo que el Estado central hacía su trabajo con las fuerzas de seguridad, desde los municipios no se avanzaba en la política social y en las técnicas que implicaron quitarle a los grupos delincuenciales a uno de sus principales activos: los jóvenes, que eran incorporados a sus filas por falta de otras oportunidades.

La lucha por recuperar México debe ser hecha colonia por colonia, municipio por municipio, estado por estado. Los que crean que el problema es solo policial o que se puede hacer sólo desde el Bosque de Chapultepec o en la avenida Constituyentes no han entendido nada.

El sábado pasado, al otorgársele el doctorado Honoris Causa de la UAG y reconocimientos de los doctores en derecho (ANDD) y la UAEM, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe señaló cómo había trabajado en su presidencia a través del proceso de fortalecimiento del Estado con una política de seguridad democrática para todos, que garantizó además procesos de inversión, cohesión social y desarrollo social. Al escucharlo se ve al estadista que supo salir de las aguas turbulentas mediante la creación de círculos virtuosos, con una alta participación social, que da legitimidad. Ahí, varios ratificamos cuánto nos falta para salir nosotros. No por falta de conocimiento, porque las recetas están, sino por falta de liderazgo en el sector político y empresarial.

Por eso, porque nos damos cuenta de que es la debilidad estatal la que provoca la inseguridad y la violencia que hoy tenemos es por lo que afirmamos que fortalecer al Estado es una prioridad, que implica, no el mando único de policía, sino el pacto político hacia una transición, donde existan reglas de convivencia pacífica en el país que impliquen:

a. Reglas de financiamiento de campañas políticas que sean respetadas, sin que el sistema político obligue a los políticos a participar en financiamientos ilícitos de campañas.

b. Reglas de competencia entre los actores económicos que sean respetadas.

c. Reglas de financiamiento de estados y municipios que les den posibilidades para cumplir sus funciones constitucionales.

d. Lucha contra la corrupción y la infiltración en las instituciones públicas, y casos contra empresarios cuando rompen las reglas.

e. Poderes judiciales y fiscalías en verdad independientes.

f. Policías municipales, estatales y federales eficientes, que no reproduzcan la corrupción de la política. Que estén limpias.

g. Pacto fiscal que genere recursos para fortalecer al Estado obligando a los empresarios a pagar los impuestos.

En suma, estos son los elementos que nos permiten pasar de la alternancia a la transición, fortaleciendo el Estado y sometiendo a la regla de derecho a los empresarios (por más ricos que sean o los medios que manejen), a los políticos de todos los partidos y, desde luego, a los delincuentes organizados. Yo no justifico distinciones en la aplicación de la ley.

Profesor de la UNAM y experto en seguridad pública